Los españoles pagaron hasta julio 200 millones extra en la factura de la luz para evitar un nuevo apagón
Los costes de protección han elevado la cuenta acumulada del año un 36% respecto a 2025
Del 1 de enero al 15 de julio de 2026 los españoles han pagado 200 millones de euros extra en la factura de la luz únicamente por los costes adicionales dedicados a proteger el sistema de un nuevo apagón. Ha pasado más de un año del cero eléctrico y los ciudadanos siguen pagando las consecuencias mes a mes.
Este sobrecoste promedia los 21,97 euros por megavatio/hora, en niveles similares al coste de las redes. En la primera quincena de julio, los consumidores eléctricos han asumido un sobrecoste adicional de 16,62 euros por megavatio/hora derivado de los servicios de operación.
En este último periodo, estos costes extraordinarios han elevado la factura acumulada del año hasta los 2.940 millones de euros, lo que supone un encarecimiento de un 36% respecto a 2025. En términos prácticos, uno de cada seis euros pagados por la electricidad se corresponde con dichos mecanismos.
Costes más caros que la propia energía
Según recoge el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, los costes asociados a la operación del sistema han experimentado un incremento significativo, trasladándose directamente a la factura eléctrica de los consumidores y alcanzando en numerosos periodos niveles superiores al propio precio de la energía.
Este encarecimiento de la factura de la luz, destacan, se ha visto especialmente agravado por la aplicación de medidas extraordinarias como la denominada operación reforzada.
Tras el apagón del 28 de abril de 2025, el uso de este mecanismo se ha intensificado de forma notable, provocando un aumento sustancial de los costes que soportan hogares y empresas. Todo ello se traduce en una señal de precios distorsionada, que ha encarecido notablemente el suministro eléctrico a los ciudadanos y ha reducido la competitividad de la economía española.
Fiscalización de los mecanismos
Ante esta situación, las organizaciones impulsoras del Observatorio consideran necesario reforzar la transparencia y la supervisión de estos costes extraordinarios que todavía lastran las facturas de los españoles.
En particular, solicitan que la CNMC intensifique la fiscalización de los mecanismos de operación reforzada implantados tras el apagón del 28 de abril de 2025 y publique información más detallada, periódica y accesible sobre su evolución e impacto económico.
Asimismo, esta agrupación defiende la necesidad de analizar soluciones regulatorias que permitan financiar estos servicios mediante costes regulados del sistema eléctrico, bajo la supervisión de los organismos competentes.
El objetivo es garantizar la seguridad de suministro y la adecuada operación de la red sin trasladar íntegramente estos costes a la factura energética de los consumidores y de la industria electrointensiva.
Destacan, además, que la reciente entrada de CEOE supone un respaldo adicional a esta posición y evidencia la creciente preocupación del tejido empresarial español por el impacto que estos costes están teniendo sobre la actividad económica y la inversión.
Todos los representantes del Observatorio consideran que es necesario que se garantice la publicación de información detallada, periódica y accesible sobre todos estos costes, incluyendo también un plan de acción que ponga fecha de fin al uso del modo de operación reforzada que ya cumple más de un año y tres meses implantado.
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