Moncloa presiona a Escribano con dejar sin contratos de defensa a su empresa para que dimita en Indra
Los acontecimientos se precipitan en la guerra provocada por Moncloa en Indra. El Gobierno ha elevado la presión sobre el presidente de la compañía, Ángel Escribano, amenazándole con dejar a su empresa familiar, EM&E, sin contratos públicos de defensa si no dimite. Algo que ha sembrado dudas en la posición de Escribano, que hasta ahora era de resistencia numantina, según fuentes conocedoras de la situación.
Este jueves se reúne la comisión ejecutiva de Indra, de la que saldrá una decisión definitiva sobre la posición de Escribano: si se pliega a los deseos del Gobierno de Pedro Sánchez y abandona la presidencia para permitir así la fusión de Indra con EM&E, o mantiene la resistencia que había mostrado hasta ahora.
Esta resistencia se basa en su confianza en que cuenta con el apoyo de la mayoría del consejo de Indra, ya que los independientes están de su parte por el respaldo a la fusión y a su gestión de los fondos de inversión presentes en el capital. Y si estos consejeros cedían a la presión de Moncloa, le queda el as en la manga de convocar una junta general extraordinaria, como informa hoy OKDIARIO.
Pero las últimas presiones del Ejecutivo pueden quebrar el aguante de Escribano, siempre según las fuentes. EM&E depende de los contratos del Ministerio de Defensa, en su mayor parte en consorcios junto con la propia Indra. Si los pierde, el negocio de la empresa familiar de Ángel y su hermano Javier Escribano se resentirá enormemente, y con él la valoración de la misma de cara a la fusión planteada; actualmente, dicha valoración se sitúa entre 1.500 y 2.000 millones de euros, basada precisamente en esos contratos futuros.
Como ha venido informando OKDIARIO, Moncloa paró la fusión de Indra con la empresa familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano (EM&E) mediante canje de acciones porque les daría la mayoría del capital de la cotizada -y su control, en consecuencia- junto al fondo Amber de Joseph Oughourlian, por delante de la SEPI, es decir, del Estado.