Empleo récord: otra mentira del Gobierno

La afiliación a la Seguridad Social logró un nuevo récord histórico, con 20,32 millones de cotizantes. Son un 5% más que hace un año; ya van dos meses con este ritmo de creación de empleo. Un crecimiento así no se alcanzaba desde 2005, cuando la afiliación creció artificialmente por la regularización de 700.000 inmigrantes (recordemos, de paso, que el entonces ministro Jesús Caldera justificó esa regularización para “garantizar el futuro de las pensiones”).

Aunque estamos en la época del año favorable al empleo, la fuerza de la creación de empleo sorprende porque se produce al mismo tiempo que las empresas sufren subidas de costes, caída de rentabilidad, endeudamiento excesivo y la perspectiva de inminentes subidas de tipos de interés. Por si eso fuera poco, las familias soportan la erosión de sus salarios y ahorros por la inflación, disparada como consecuencia de la política temeraria e irresponsable del Banco Central Europeo.

La economía no es el terreno de los milagros ni de la magia; es el campo de la híperrealidad: las cifras, de una u otra forma, siempre cuadran. ¿Cómo cuadra, entonces, esta creación de empleo propia de una economía próspera, con la realidad sombría del resto de indicadores? De varias maneras. Lo primero es aclarar que hay tantas afiliaciones como puestos de trabajo. Una persona con dos empleos está afiliada dos veces. Ahora hay 89.600 personas más con un segundo empleo que hace tres años. El total de personas en esa situación era en marzo de 539.100. En la medida que este colectivo crezca, podría seguir aumentando la afiliación sin que haya más personas ocupadas.

Lo segundo es el empleo público. El 38% de los empleos creados desde mayo de 2019 hasta aquí, corresponden al sector público. Como el gobierno puede financiarse de manera coactiva cobrando impuestos (forma de financiación similar a la de la mafia), puede darse el lujo de seguir contratando sin atender al contexto económico. Además, está la caída de las horas trabajadas. Hace tres años, de media, cada ocupado trabajaba 36,5 horas por semana; ahora trabaja 35,6 horas. Imaginemos un restaurante que tenía dos camareros que trabajaban 8 horas diarias cada uno y ahora tiene tres que trabajan 5 horas: aumentó el empleo, pero cayeron las horas trabajadas. Algo así ocurre en el conjunto de España.

Vinculado con los dos puntos anteriores está la caída de la productividad. Hoy, la productividad promedio (producción por persona ocupada) es 4,7% más baja que hace tres años. Un 10% de la caída lo explica la menor cantidad de horas trabajadas; el resto, que los empleos que se crean son menos productivos, cosa que también hace crecer la ocupación: si cada ocupado, de media, produce menos, es necesario contratar más gente para alcanzar un mismo nivel de producción.

La caída de la productividad y la expansión del empleo público no pueden ser permanentes. El récord de afiliación, tarde o temprano, se revelará insostenible si las condiciones de fondo no cambian. En lugar de atender esos problemas subyacentes del mercado laboral, el gobierno celebra que casi la mitad de los contratos firmados son indefinidos. Una falsedad más: la temporalidad no se baja simplemente firmando decretos. Lo que ha hecho el gobierno es obligar a cambiar el nombre: en lugar de “temporales” ahora los contratos se llaman “fijos discontinuos”. La realidad del trabajador es prácticamente la misma de antes.

Los datos confirman los problemas que menciono: los contratos de jornada completa cayeron un 11,9% interanual; después de los fijos discontinuos, los contratos que más crecen son los indefinidos de jornada parcial. Un gobierno que, en el mejor de los casos, ve a las empresas como una vaca a la cual ordeñar, con una ministra de trabajo comunista que, por definición, odia a los empresarios (pues los considera explotadores), no puede ser el ámbito propicio para la inversión y la creación de empleo. Los datos de empleo no son tan buenos como parecen. Al fin de cuentas, son otra mentira de este Gobierno.