Las eléctricas desnudan la incoherencia del Gobierno al subvencionar la energía fósil mientras su rebaja fiscal sigue pendiente

Las grandes eléctricas españolas se han unido este jueves al coro de voces que desde hace tiempo advierten de que la respuesta que viene dando el Gobierno a la crisis energética derivada de la guerra en Irán desde que estallara ese conflicto adolece de una rebaja tributaria que baje la factura de la luz, hecho que no es poco importante ya que, precisamente, la capacidad de generación renovable -y nuclear- de nuestro país se perfila como el principal salvavidas capaz de mantener la espiral inflacionista fuera de nuestras fronteras.

La paradoja es sensacional, ya que no hay que olvidar que la respuesta fiscal del Ejecutivo a esta crisis de precios se está centrando en el gas y las gasolinas mientras el sector que debiera ser la niña bonita de un Gobierno que presume de verde sigue esperando las reformas regulatorias y fiscales que desbloqueen la electrificación de la economía.

«No tiene sentido adoptar señales que hacen más atractivo consumir los combustibles que tenemos que importar», ha afirmado la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marina Serrano, durante el octavo congreso de esta organización, un evento en el que la acompañaban los consejeros delegados de las tres principales eléctricas que operan en España: Gianni Armani; (Endesa), Duarte Bello (EDP España) y Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola). 

La crítica de la presidenta, a la que se han sumado los demás panelistas, apuntaba hacia el Real Decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, que viene a sustituir a los dos anteriores con un esquema que, en lo que refiere a los carburantes, incorpora una rebaja gradual sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) supeditada a un mecanismo de salvaguardia que llevará la minoración tributaria de nuevo a los veinte céntimos si el precio de la gasolina o el gasóleo sube más de un 15% interanual.

La lista de medidas sigue con alivios fiscales específicos para agricultores y transportistas -solo en lo relativo al gasóleo-, una línea de 15.000 millones de euros a beneficio del ferrocarril de transporte de mercancías con locomotora diésel y límites en la escalada de la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural; todo para el fósil. Y mientras esto ocurre, en el caso de la electricidad las ayudas quedan en un alivio fiscal que solo se activaría si los precios repuntan, en un enfoque que queda muy lejos de aquella rebaja del IVA que incorporó el primer Real Decreto aprobado en marzo.

Marina Serrano ha sido muy clara al advertir de que entiende que la situación es «excepcional», pero esto no es óbice para que desde el sector defiendan que es preferible «ayudar a los consumidores vulnerables con ayudas puntuales», en una opinión que en realidad es la misma que la de la Comisión Europea, que ya ha advertido a España sobre el peligro de aplicar soluciones de trazo grueso que espoleen el consumo y, por tanto, la inflación.

Lo cierto es que los dos últimos Reales Decretos aprobados por el Consejo de Ministros para hacer frente a la escalada inflacionaria no han hecho más que acentuar un desequilibrio que para las eléctricas viene de antes, y es que los combustibles fósiles mantienen una ventaja relativa frente a la electricidad en términos tributarios. «Tenemos una carga fiscal fuera de los patrones europeos», ha denunciado Mario Ruiz-Tagle.

«Incorporamos a la factura eléctrica costes que no soportan otras fuentes energéticas», ha añadido Serrano, en referencia -entre otras cosas- al mecanismo de operación reforzada que impera en España desde el apagón de  abril de 2025, que incrementa las facturas por la vía del mayor uso del gas.

Los consejeros delegados de las tres compañías que se han dado cita hoy en la madrileña Casa de América han coincidido en lo esencial, y es que una política «coherente» con el objetivo de descarbonización debería pasar por un refuerzo de la transparencia en los costes -esto le corresponde a la CNMC-, soluciones regulatorias que faciliten la electrificación de la economía y -sobre todo- la conexión a la red por parte del creciente volumen de demanda y una reforma fiscal de fondo que para el sector pasa por suspender gravámenes (el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y el Impuesto Especial a la Electricidad) e incluso un IVA superreducido.

El dato clave quizá lo haya dado el consejero delegado de EDP cuando ha recordado que en España solo el 24% de la economía está electrificada a pesar de que este recurso energético ha demostrado su capacidad de proteger el país frente a crisis externas. «Esta guerra ha demostrado que lo que hicimos desde 2020 es bueno», ha rematado Duarte Bello, en referencia a la mayor entrada de renovables que ha permitido que la escalada del gas se traslade al precio final de la factura en una proporción muy inferior.

Sobre el gas natural y los rumores de una posible reedición del tope de precios que el Ejecutivo impuso en 2022 (la llamada excepción ibérica), las eléctricas han sido muy categóricas. «No tiene sentido resolver la crisis interviniendo el mercado eléctrico», ha dicho la presidenta de Aelec; en su opinión, porque la situación actual no es la misma que la que se vivió con la invasión rusa de Ucrania (entonces el gas llegó a los 240 dólares el MWh en el mercado europeo y actualmente está en el entorno de los 73 dólares) y porque una medida de este tipo penalizaría a «todos aquellos que han optado por un contrato a plazo fijo y van a ver a tener que soportar ese coste mayor en contra de aquellos que no se han protegido».

Sobre esto último, no hay que olvidar que -según la CNMC- en este momento tres de cada cuatro consumidores españoles están en el mercado libre, de modo que gozan de contratos a largo plazo que les blindan frente a las subidas previstas en la tarifa regulada.

En este contexto de falta de despliegue de las redes -«no están preparadas para la demanda», ha llegado a afirmar Mario Ruiz-Tagle-, los representantes de las eléctricas se han referido de manera positiva a la decisión tomada el pasado mes de julio por el Gobierno para desbloquear 17.900 millones de euros adicionales en inversiones, aunque señalan que queda pendiente pasar de las musas al teatro y agilizar los permisos y el almacenamiento.