La Diputación de Valencia asume obra pública sanitaria por la quiebra del Gobierno de Puig

La falta de recursos económicos del Gobierno de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana está pasando factura al sector sanitario. La errática gestión de la consejera Carmen Montón y su cruzada contra el modelo concesional ha puesto a la Sanidad de esta comunidad autónoma en una complicada situación financiera y ha tenido que ser la Diputación quien salga al rescate financiando las nuevas infraestructuras para reacondicionar y remodelar los centros de salud de la provincia de Valencia.

Esto es lo que subyace detrás del anuncio de que la Diputación de Valencia invertirá 3,5 millones de euros en un plan de infraestructuras destinado a reformar los centros de atención primaria. La Generalitat va a participar en este programa con 1,27 millones de euros pero lo normal es que asumiera todo el coste (4,77 millones) ya que es quien tiene las competencias en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, obras de remodelación y reforma de los centros de salud valencianos.

La razón de esta cesión competencial es sencilla: la administración regional que preside Ximo Puig no tiene dinero y ha ido retrasando un proyecto de reacondicionamiento de los centros de salud que los ciudadanos reclamaban desde hace mucho tiempo. Las paredes desconchadas, las fugas, las grietas y la falta de ventilación y aire acondicionado son algunas de las deficiencias que se deben subsanar y la caja autonómica no tiene suficientes recursos para ello.

Pero la paradoja, además de la asunción de competencias por parte de una administración a la que no le corresponde, es que hasta hace dos años los socialistas abogaban claramente por la desaparición de las diputaciones. Y dos años después de asumir responsabilidades de Gobierno, el 73% de la carga inversora de este plan de obras recae en la misma institución que los socialistas querían finiquitar.

Por su parte, Compromís, socio principal de los socialistas en el Gobierno autonómico, en la Diputación y en muchos ayuntamientos valencianos, tiene muy claro aún hoy en día que apuesta por la desaparición de las diputaciones, aún gobernándolas, lo que delata la esquizofrenia de esta coalición, con casi tantas variables ideológicas como militantes.

Son tantos los frentes que tiene abiertos el Gobierno valenciano en áreas especialmente sensibles (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) que ante la falta de recursos propios -están arruinados y, de facto, intervenidos por el Gobierno central- ha decidido recurrir a la Diputación para que sufrague unas reparaciones que deberían correr a cuenta de la maltrecha y aún peor gestionada Consellería de Sanidad.

«Lo que no se atreven a explicar es por qué la Diputación de Valencia, que debería dedicar estos recursos a ayudar a los ayuntamientos pequeños en la provisión de servicios de calidad para sus vecinos, a la limpieza de montes, la conservación de carreteras o los consorcios de Bomberos se tienen que destinar a pagar unas obras en instalaciones que dependen de una Consellería, la de Sanidad, que no se gasta el dinero en arreglar los centros de salud y aún así pretende asumir las concesiones sanitarias. Es incomprensible», indican fuentes parlamentarias valencianas.

Los números son escalofriantes. La deuda de la Generalitat Valenciana se ha incrementado en 4.911 millones de euros bajo el mandato del actual Consell que forman el PSPV y Compromís, lo que supone un aumento medio de 6,7 millones de euros cada día que tarde o temprano pagarán los ciudadanos con menos servicios o más impuestos.

Los últimos datos del Banco de España  revelan que el pasivo regional valenciano roza los 45.000 milllones de euros y el Estado es su principal acreedor, con 35.400 millones. Esto supone que, como en el caso de Cataluña, la Comunidad Valenciana ha tenido que ser rescatada para evitar una suspensión de pagos. Es decir, que, sin el respaldo estatal, está en una situación de quiebra.

El rescate financiero lo ha llevado a cabo el Ministerio de Hacienda a través de los planes de asistencia a los gobiernos regionales, entre los cuales destaca el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La maltrecha situación de las cuentas valencianas ha provocado una sequía de financiación externa y la liquidez procede del Estado, al no poder acceder la comunidad autónoma a los mercados mediante emisiones de deuda a tipos de interés asumibles para las arcas regionales.

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos ha fijado los fondos del FLA que se repartirán entre las CCAA en el cuarto trimestre de este año y que ascienden a 6.220 millones. De ellos, 1.183 millones son para que los gestione el Gobierno de Ximo Puig y, a pesar de ello, se ve obligado a recurrir al dinero de la Diputación para financiar la mayor parte de su Plan Renove de centros de salud.