Trabajo acuerda sin los empresarios subir el SMI un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros al mes

• Alba Martín @alba_mrtn
• • 29/01/2026 19:12
  • Actualizado: 29/01/2026 19:15

El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, sin contar con los empresarios, representados por la CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas. La subida se implementará con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión de la mesa.

«No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible», ha subrayado Pérez Rey.

El ‘número dos’ de Trabajo ha afirmado además que el Ministerio de Trabajo ha asumido también el compromiso y «va a llevar adelante» una reforma del decreto de salarios mínimos interprofesionales actual para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos, tal y como reclamaban los sindicatos.

«No es posible que la subida del salario mínimo se pierdan por el camino, no lleguen al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación», ha insistido Pérez Rey.

CEOE denuncia «fórmulas trileras»

CEOE y CEPYME han denunciado la falta de respeto que el Gobierno habría mostrado por el diálogo social «al haber filtrado a los medios de comunicación una nueva propuesta de actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), destinada supuestamente a alcanzar un acuerdo con las organizaciones empresariales» antes de plantearla en la propia mesa de negociación.

Así pues, por el lado de las formas, expresan que «no hacemos un buen servicio a la economía ni a la sociedad si sustituimos la concertación social, amparada por el artículo 7 de la Constitución, por la política del anuncio y la puesta en escena».

En cuanto al contenido de la propuesta han comunicado que «supone la sustitución de la esperada indexación de los contratos públicos por unas fórmulas trileras y que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada, de espaldas a lo compartido por todos los interlocutores del diálogo social bipartito en el AENC».

Subrayan que esto es así porque, entre otras cosas, «deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores».