El ‘boom’ del vapeo complica que la nueva ‘ley antitabaco’ de Europa aterrice en España durante el verano
El sector del tabaco destaca que el marco está desactualizado porque los nuevos productos lo han superado

La nueva ley antitabaco deberá implantarse en España más despacio de lo esperado por el Gobierno. El boom de los numerosos nuevos productos con nicotina ha dejado en fuera de juego a la Administración y ha provocado que Bruselas replantee los tiempos de aplicación de sus reformas.
Según adelantan fuentes del sector del tabaco, los diferentes artilugios de vapeo «han crecido considerablemente en los mercados europeos y se han quedado fuera de cualquier marco fiscal coherente estudiado por la UE».
Por lo tanto, «incorporarlos por primera vez a una regulación tan clara constituye una modernización instantánea que ayudaría tanto a los objetivos de salud pública como a los de recaudación fiscal», pero que, a su vez, conlleva más tiempo de implantación del esperado.
«El marco está desactualizado, los productos novedosos lo han superado. Es necesaria una base más coherente para el nuevo mercado», subrayan las voces consultadas por este periódico.
Cambios lentos ante los nuevos hábitos
Es por ello que, pese a que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguraba hace tan solo unas semanas que la ley antitabaco llegaría al Consejo de Ministros previsiblemente antes de que terminara «el mes de julio», lo más probable es que su aterrizaje «progresivo» empiece a suceder después de verano.
«El ritmo, la calibración y la sensibilidad hacia las realidades de los mercados nacionales no son obstáculos para una buena política. Son condiciones para ella. La última propuesta de compromiso sobre la Directiva de Impuestos Especiales sobre el Tabaco entiende esto», destacan.
Las nuevas tendencias están siendo estudiadas por la UE para poder matizar dos reformas clave: la Directiva de Productos del Tabaco y la Directiva sobre Impuestos Especiales.
En este sentido, según explican las fuentes, es necesario «establecer una dirección a seguir» e incorporar mecanismos que permitan a los Estados miembros avanzar a un ritmo manejable en lugar de aplicarse todos los cambios y subidas de impuestos automáticamente como pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Haciéndolo de esta manera, apuntan, «el ritmo está controlado, el ajuste es gradual y las consecuencias fiscales son manejables». Y es que, cuando los niveles de imposición sobre los cigarrillos y otros productos del sector del tabaco divergen rápidamente entre países vecinos, los hábitos de compra cambian y «se vuelven también más difíciles de prever y de corregir».
«Los gobiernos situados a ambos lados de esas diferencias de precios terminan sufriendo las consecuencias en sus ingresos fiscales», añaden las fuentes conocedoras.
Una subida progresiva de los impuestos
La actual propuesta de Bruselas no impondría, en este aspecto, una convergencia acelerada de los tipos impositivos. De hecho, la UE ha ampliado los periodos transitorios para aquellos países que, para aplicar la nueva normativa, deben afrontar ajustes fiscales más significativos.
«Las futuras revisiones de los tipos requerirán una decisión del Consejo, en lugar de aplicarse automáticamente, con el fin de preservar la capacidad de los Estados miembros para planificar con la suficiente seguridad», señalan.
En esta misma línea, desde el sector del tabaco aseguran que existe un argumento a largo plazo que merece ser considerado y son las diferencias ya existentes de precios que hay actualmente entre los Estados miembros.
«Evolucionan a medida que los países vecinos adoptan de forma independiente sus propias decisiones fiscales. Un país que hoy se beneficia de una determinada diferencia de precios no tiene ninguna garantía de que esa ventaja se mantenga mañana», apostillan.
Por esta razón, los afectados alegan la necesidad de que la estrategia sea armónica a escala europea «en lugar de dejar los resultados fiscales a merced de decisiones adoptadas en otros países».
Esto ayudaría a proporcionar un marco jurídico más claro sobre el que todos los estados miembros puedan planificar con seguridad la implementación de nuevos impuestos y reglas sobre el consumo de productos con nicotina.