Consumo abre expediente sancionador a la plataforma de pisos turísticos Airbnb por publicidad ilícita

La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a la plataforma de pisos turísticos Airbnb por no retirar anuncios de alojamientos que se publicitaban sin licencia, según ha informado este miércoles el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

En concreto, Consumo envió el pasado mes de junio un requerimiento la compañía Airbnb instándola a retirar «de forma inminente» miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio y que no ofrecían su número de licencia. Tras comprobar que los anuncios no fueron retirados, Consumo ha decidido abrir un expediente sancionador a Airbnb.

«Es la responsabilidad del Ministerio del Consumo, y así lo va a hacer, asegurar que ninguna empresa en este país esté por encima de la ley», ha aseverado el ministro en los pasillos del Congreso este miércoles, añadiendo que el sector de pisos turísticos opera «en muchas ocasiones en condiciones de ilegalidad, sin licencia».

El titular de Consumo ha apostillado que al igual que no se puede tolerar que haya bares o restaurantes que operaran sin licencia, los pisos turísticos tampoco.

«Por tanto, en materia de vivienda también hay que asegurar que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, esté por encima de la ley». Sobre si habrá multas, Bustinduy ha dicho que el expediente seguirá su curso con todas las garantías y el Ministerio velará por el cumplimiento de la ley»con todas las consecuencias».

Multas de hasta 100.000 euros para Aibnb

Según la normativa, las prácticas que se están investigando al respecto pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Se abre ahora un periodo para la instrucción del expediente definitivo y la consecuente resolución por parte de Consumo.

La investigación de Consumo comenzó el pasado mes de junio con un requerimiento de información a diversas plataformas de alquiler de pisos turísticos para obtener información sobre las viviendas anunciadas en sus dominios.

A esta petición de información, se sumó un nuevo requerimiento de cese enviado a una de estas plataformas en la que se le instó a retirar «de forma inminente» miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que no ofrecían su número de licencia. Meses después del inicio de la investigación y tras comprobar que los anuncios no han sido retirados, la Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a Airbnb por no dar solución al problema.

No obstante, la Dirección General de Consumo recalca que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final del mismo.

Los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas, lo que podría generar, para Consumo, «lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada».

Asimismo, estarían incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al suponer un incumplimiento de la normativa sectorial en relación con la publicidad ilícita, como en el caso de comercializar estas viviendas sin publicitar su número de licencia cuando esta sea obligatoria.

Otras investigaciones abiertas

De esta forma, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que dirige Pablo Bustinduy se vuelve a poner el foco en posibles prácticas irregulares dentro del sector de la vivienda y, concretamente, en el de los alojamientos turísticos.

La semana pasada, el Ministerio anunció una investigación de la Dirección General de Consumo a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. Esta investigación se dirige a empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas.

Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo mantiene abierta otra investigación contra diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como serían obligarles a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, obligarles a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o incluir cláusulas abusivas para las personas consumidoras.

El Ministerio ha subrayado en un comunicado que todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, una cuestión que, según ha declarado públicamente, es uno de los principales problemas de España.

«Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares», ha llegado a manifestar el ministro, al tiempo que también ha señalado que «ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley».