El Congreso pide extender los ERTE hasta fin de año en la industria pese a la oposición de PSOE y Podemos

El Pleno del Congreso, pese al rechazo del PSOE y Podemos, ha reclamado este miércoles al Gobierno la extensión hasta final de año de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor por la crisis provocada por la pandemia del virus Covid-19 en determinados sectores de la industria.

La Cámara Baja ha respaldado una enmienda transaccional, a raíz de una moción presentada por el PNV, y finalmente pactada por los nacionalistas con el PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos, Junts per Catalunya y Coalición Canaria.

Concretamente, el texto aprobado insta al Gobierno a alargar estos ERTE hasta el 31 de diciembre en sectores «competitivos, viables, con potencial de crecimiento y que generan valor a través de la innovación», como la automoción, aeronáutica y máquina herramienta», priorizando en ellos a pymes de menos de 250 personas trabajadoras, informa Europa Press.

Asimismo, la Cámara también pide «facilitar una transición ágil y flexible a nuevos ERTE por causas económicas y organizativas»; una estrategia y un plan compartido con las comunidades con acciones ejecutables en «sectores industriales clave» para garantizar su continuidad y mejorar su competitividad; y una mesa específica para el sector de la automoción con comunidades «especialmente afectadas» en este sector.

Al texto acordado no se han sumado ni PSOE ni Unidas Podemos, que habían propuesto al PNV «estudiar la posibilidad de mantener ERTE para los sectores de difícil recuperación inmediata del empleo» y «analizar la idoneidad de una transición ágil y flexible a nuevos ERTE por causas económicas y organizativas».

Despido por acumulación de bajas médicas

Por otro lado, la Cámara Baja ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de derogación de los despidos por acumulación de bajas médicas, pero lo ha hecho sin introducir ningún cambio en el decreto que está en vigor desde hace tres meses. Ahora el texto se tramitará en el Senado.

La aprobación de la ley ha contado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, Junts, PNV, EH-Bildu, las CUP, Más País, Compromís, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y el BNG. El PP, UPN y Foro Asturias se han abstenido, mientras que Vox ha votado en contra.

Esta derogación está ya en vigor, pues procede de un decreto ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y convalidado el pasado mes de marzo por el Congreso. Entonces se decidió tramitar la modificación legal como proyecto de ley, permitiendo así enmiendas de los grupos para intentar modificarlo.

Ni una enmienda en tres meses

Como se trata de un texto de artículo único, la Cámara Baja aprobó que la reforma se tramitara en lectura única, es decir, en una única sesión plenaria que sustituya las fases de ponencia y Comisión. Todos los partidos respaldaron, a excepción de Vox que votó en contra.

Vox había buscado tumbar esta iniciativa con una enmienda de totalidad que este martes fue rechazada en el Pleno por todos los grupos de la Cámara, a excepción del PP, que ha decidido abstenerse.

Durante la fase para presentar enmiendas parciales, solo Ciudadanos buscó introducir cambios parciales, en los cuales la formación naranja rescató propuestas planteadas en su Ley de familias, con medidas de conciliación, pero que finalmente declinó someter a votación.

El artículo derogado del Estatuto de los Trabajadores permitía al empresario el despido objetivo de un trabajador por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, cuando alcanzaran el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcanzaran el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos en un período de 12 meses.

El Gobierno defendió esta derogación, pactada por PSOE y Unidas Podemos y reclamada por los sindicatos tras la sentencia del Tribunal Constitucional que amparaba esta fórmula, como el inicio de la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Si bien el Estatuto de los Trabajadores ya contemplaba antes de esta reforma el despido objetivo por bajas médicas justificadas, sí que modificó sus condiciones al no ligarla a los índices de absentismo de la empresa, sino exclusivamente en función de las faltas de asistencia al trabajo personales e individuales, facilitando por tanto el despido.