Banco Popular ocultó pérdidas desde 2011 según peritos de la acusación

Esta semana la OCU ha presentado una demanda civil en el juzgado de Móstoles (Madrid) contra Banco Santander (heredero legal de Banco Popular) por la resolución que en junio de 2017 llevó a la valoración de la entidad a valor cero y a ser adquirida por un euro por el banco de Ana Botín. La base de esta demanda es un peritaje que ha sido encargado de forma conjunta por los despachos B. Cremades & Asociados y IUS + Aequitas Abogados que junto con el informe pericial que hicieron técnicos del Banco de España esperan que sirva para justificar ante la justicia el derecho a indemnización de sus representados.

Según el informe pericial que manejan los demandantes, son varios los motivos por los que Banco Popular no actuó diligentemente en la valoración por lo menos desde 2011. «Las cuentas de Banco Popular dejaron de reflejar la imagen fiel al menos desde el ejercicio 2011 al llevar a cabo una ocultación de pérdidas a lo largo de muchos ejercicios hasta la propia resolución del banco».

Como prueba de esto, el informe cita que la ampliación de capital que se hizo en 2012 «no se basó en una contabilidad que reflejase la imagen fiel y las provisiones fueron tardías e insuficientes». Además, asegura, las propias agencias de calificación ya alertaron en el mismo 2012 «de que los activos problemáticos del Banco eran mayores que los detectados».

Ajustes más allá de 2016

Según este informe que ha tardado meses en ser realizado y que por su alto coste compartirán IUS + Aequitas y B. Cremades & Asociados (no confundir con Cremades & Calvo Sotelo, que también representa a minoritarios en el caso Popular), el importe de los ajustes detectados por Banco Santander impide justificar que éstos correspondan solo a hechos ocurridos entre 2016 y 2017.

A diferencia de sus competidores, Banco Popular no se benefició de la recuperación económica, lo que según los peritos también indica que la entidad arrastraba desde hace varios años problemas que le impidieron mejorar su rendimiento como lo hicieron otros bancos de la competencia.

Por tanto, ambos despachos reclamarán las pérdidas de sus clientes desde entonces, independientemente de si acudieron o no a las ampliaciones de capital o si invirtieron en el mercado secundario. Según dicen los dos bufetes, hasta el momento, las decisiones de los jueces civiles españoles han sido mayoritariamente favorables a los antiguos accionistas y bonistas de Banco Popular.

Según consideran, «el informe pericial encargado por los citados despachos y el reciente informe de los inspectores del Banco de España contribuirán a confirmar que los inversores de Banco Popular deberían recibir una justa indemnización».