Los altos funcionarios llevan a la UE su denuncia de la politización que impulsa la ministra de Hacienda

Los altos cuerpos del Estado, donde se agrupan los funcionarios de mayor nivel y responsabilidad en las tareas de organización y también de control de la Administración, están decididos a ir hasta el final en su denuncia del intento descarado de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de politizar la función púbica a través de la promoción masiva de los interinos a la carrera funcionarial por la puerta de atrás, sólo con la aprobación de uno de los cinco exámenes que se exigen para acceder a la carrera, y trasladarán su protesta a la Comisión Europea.

De acuerdo con las fuentes consultadas por OKDIARIO, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración
General del Estado (Fedeca), que agrupa a 44 asociaciones profesionales y
sindicatos, y representa a unos 15.000 funcionarios de carrera del subgrupo A1, los de mayor rango, enviarán una carta al Ejecutivo de Bruselas protestando por el intento del Gobierno de desvirtuar el funcionamiento tradicional de la Administración y la pérdida correspondiente que va a representar de la independencia que debe guiar todo tipo de acto administrativo.

Previamente, Fedeca ha enviado una carta a la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente de la ministra de Hacienda, en la que se une a la campaña de firmas en marcha para mostrar su oposición
al nuevo sistema de promoción interna impulsado por el Gobierno.
El objetivo de la recogida de firmas ha sido trasladar, de forma directa, la
oposición de los funcionarios A1 a dicho sistema de promoción interna, mediante la realización de una campaña transparente, digital y pública. Los firmantes se han pronunciado en contra del acuerdo alcanzado en su día entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y algunas organizaciones sindicales con escasísima representatividad entre el colectivo de funcionarios Al.

«Dicho acuerdo, en nuestra opinión, no respeta los principios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública. Debemos reiterar -como hicimos en la rueda de prensa del del 31 de noviembre de 2023 – que lejos de conseguir dinamizar y mejorar la Administración, dicho sistema podría suponer -caso de aplicarse- la pérdida de independencia de los funcionarios y de su neutralidad política, así como de su nivel profesional, elementos esenciales para conseguir una Administración moderna, eficaz, eficiente, que tenga como parámetro de actuación el respeto a la ley y que procure el beneficio de los ciudadanos».

Como el pretexto esgrimido por Hacienda es la necesidad de hacer frente al proceso de jubilaciones masivas que va a afrontar estos años, Fedeca asegura que, «aunque es consciente del envejecimiento del
personal en activo del sector público, no cree que la superación de dicho
problema deba motivar unos cambios drásticos en el sistema de acceso que
supongan una reducción de conocimientos y competencias de los funcionarios». De acuerdo con la Federación, el modelo de Administración Pública debe ser una garantía para el desarrollo económico de España y debe fundarse siempre en el respeto de nuestro ordenamiento jurídico.

Desde Fedeca, «creemos en el servicio público y es la ciudadanía la beneficiaria final de un sistema de acceso a la función pública basado en la excelencia y en los principios de mérito y capacidad. Es, por ello, que reiteramos nuestra defensa frente a cualquier modelo nuevo de acceso que suponga una quiebra de los citados principios o que vayan contra el interés público y los intereses generales del Estado».

Todos los altos cuerpos del Estado están en pie de guerra contra la ministra de Hacienda y de Administraciones Públicas, María Jesús Montero. El conflicto viene de lejos. Desde que, aprovechando el pretexto de las próximas y masivas jubilaciones de buena parte la plantilla por cuestiones de edad, decidió convocar nuevas plazas con la intención de que los interinos, sólo con la condición de haber aprobado uno de los seis exámenes que se requieren para ganar una oposición, se conviertan en funcionarios de carrera.

La primera convocatoria que ha puesto en marcha el Departamento de Montero de acuerdo con los nuevos criterios, para primar a los interinos, ha sido la de interventores y auditores del Estado, cuya función principal es precisamente la de fiscalizar las cuentas públicas y la adecuada utilización de los recursos comunes. La asociación de interventores (Acsiae) prepara un recurso contra esta iniciativa que abre la puerta a que aspirantes que no hayan aprobado la oposición al completo, tal y como está concebida, puedan desempeñar funciones propias de interventores y auditores del Estado en funciones tan delicadas como el control de las subvenciones, de los fondos europeos y en general de la vigilancia del gasto público.