El voto de los funcionarios entra en campaña con dos modelos distintos: más plazas o más incentivos

Sánchez y Casado han iniciado la caza de los tres millones de votos directos de los empleados públicos, cuatro millones si se incluye a quienes dependen de estas nóminas, con el anuncio de un nuevo aumento de las plantillas y con el alza de las retribuciones premiando a aquellos que mejor desempeñan su trabajo. Sin embargo, según la estadística oficial, ahora hay 220.700 empleados públicos más que al inicio de la crisis mientras Sánchez ultima la mayor oferta de empleo público en el Estado, a la que se sumarán las autonomías y ayuntamientos de todos los signos políticos, ya que también tienen elecciones en los próximos meses.

Por su parte, un complemento retributivo como el propuesto por Casado para que cobren más los funcionarios que mejor cumplen ya existe, sin resultado alguno. Cuesta más de 1.000 millones de euros anuales y supera con creces los 4.000 millones si se suman todas las administraciones.

Se trata de una cifra récord para incentivar el rendimiento que no ha servido para sacar a la Administración española de la cola de Europa de la productividad pública. Todo esto se ha producido pese a la elevada inversión tecnológica y una Ley de Racionalización y Modernización que ha pretendido la colaboración y participación de los ciudadanos en las actuaciones públicas mediante el uso de las vías telemáticas.

Más funcionarios y más déficit

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de 2018 había 3.211.000 empleados públicos en el conjunto de Administraciones Públicas frente a los 2.990.000 que existían al inicio de la crisis. Hay, por tanto, 220.700 nóminas públicas más (7,3%), que generan un mayor gasto estructural, pese a las advertencias de Bruselas y al descontrol del déficit y el alza de la deuda pública.

Mientras, en el sector privado, a pesar del abaratamiento del empleo por la precarización y la devaluación salarial, hay aún 1,4 millones de ocupaciones menos que hace 12 años. Sólo falta un nuevo crecimiento del 2,9% de empleados públicos (unos 95.000) para que se llegue la cifra al récord histórico que se produjo en 2013 (3,3 millones) ya que durante las dos recesiones económicas los partidos políticos colocaron a ‘los suyos’ sin justificación alguna en las administraciones (unos 316.000), sobre todo en las autonomías. Mientras, en el sector privado se producía una sangría de más de 3,7 millones despedidos.

El ajuste que se produjo entre 2012 y 2012 en el sector público se realizó mediante la no sustitución de empleados jubilados. A partir de 2014 se han incentivados las contrataciones y ahora Sánchez, en plena campaña prelectoral, va a anunciar la mayor oferta pública conocida.

Los partidos políticos se han convertido en los peores gestores de personal que se puede imaginar creando un coto electoral a costa de los impuestos de todos los ciudadanos. Por ejemplo, hay ahora 642.000 empleos públicos más que en 2002 cuando se concluyó el proceso de transferencias a las autonomías.

El Estado tiene ahora casi 32.000 efectivos más (un 6,2%) que al inicio de la crisis y las autonomías 231.000 más (14,4%). Por su parte, los ayuntamientos registran 5.000 más (1%) mientras que las empresas públicas han perdido casi 17.000 efectivos (10%). Si en 2007 los empleados públicos representaban el 17,5% del total de asalariados españoles, ahora se aproximan al 20%. Es decir, uno de cada cinco nóminas en España corresponde a un funcionario. Es el empleo que más crece. Según la EPA del cuarto trimestre de 2018, el 25% de las ocupaciones creadas eran públicas con un ritmo de crecimiento del 4,4% frente al 2,7% en el sector privado.