CloudFlare presenta una queja ante Trump por los bloqueos masivos de IPs impulsados por Tebas

La disputa legal que mantiene la Liga de Javier Tebas contra la piratería audiovisual ha alcanzado una nueva dimensión internacional ya que, lo que comenzó como una estrategia judicial en España para impedir la retransmisión ilegal de partidos de fútbol, ha terminado escalando hasta el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. CloudFlare ha presentado una queja formal ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) por este comportamiento que consideran abusivo.

En esa documentación, la empresa estadounidense alerta de que las órdenes judiciales dictadas en España para bloquear el acceso a páginas pirata están teniendo efectos colaterales graves sobre el comercio digital. Según CloudFlare, las medidas que promueve la Liga de Javier Tebas  y que ejecutan los operadores de telecomunicaciones provocan la interrupción de miles de servicios legítimos, afectando a tiendas online, plataformas tecnológicas e incluso servicios de domótica doméstica.

La compañía considera que este sistema de bloqueos masivos constituye una barrera al comercio internacional, ya que impide el funcionamiento normal de empresas digitales que no guardan relación alguna con la piratería. Si el USTR decide incluir este asunto en su informe anual, España podría ser señalada oficialmente como un país que genera obstáculos al comercio digital de empresas estadounidenses, lo que situaría el caso en el centro del debate económico y diplomático entre Washington y Madrid.

En su carta dirigida a Edward Marcus, presidente del Trade Policy Staff Committee, CloudFlare expone las dificultades que enfrenta para operar en varios países debido a las políticas de bloqueo de contenidos impulsadas por entidades privadas y avaladas por los tribunales. España aparece citada junto a Francia, Italia, Japón y Corea del Sur como uno de los países donde los procedimientos contra la piratería afectan a un número desproporcionado de páginas legítimas.

La empresa denuncia que en España, bajo el amparo de esta cada vez más polémica sentencia judicial, se están ejecutando órdenes que permiten bloquear direcciones IP completas, muchas de las cuales son compartidas por miles de dominios distintos. Estas direcciones, esenciales para la conectividad de Internet, se convierten en el objetivo de las medidas impulsadas por la Liga de Tebas y respaldadas por Telefónica, que participa activamente en los procesos judiciales.

A Tebas le quieren poner límites

CloudFlare sostiene que los reguladores y tribunales españoles han autorizado mecanismos que favorecen los intereses comerciales de entidades locales a costa del ecosistema digital global. La empresa acusa además a las autoridades de “negarse a imponer límites razonables” a los titulares de derechos de autor, permitiendo que se soliciten órdenes judiciales excesivamente amplias que afectan a servicios estadounidenses.

Según el informe remitido a la administración Trump, cada dirección IP de CloudFlare canaliza el tráfico de miles de dominios y servicios digitales, de modo que una sola orden de bloqueo puede dejar fuera de servicio a un gran número de webs que nada tienen que ver con la piratería. Entre las afectadas en España se encuentran tiendas online, plataformas de actualización de software o páginas institucionales.

La compañía califica esta situación de “interrupción generalizada” sin posibilidad de recurso judicial. A su juicio, las acciones que impulsan la Liga de Tebas y las operadoras no cumplen con los principios de proporcionalidad, necesidad y adecuación que deben regir las medidas restrictivas en Internet.

CloudFlare advierte de que esta práctica ha generado una pérdida de confianza y fiabilidad en el mercado digital español, perjudicando a proveedores de servicios estadounidenses que ven limitada su capacidad de operar, de ahí su llamada a la atención a la administración Trump. La empresa afirma que el bloqueo de IPs supone una restricción desproporcionada que erosiona la previsibilidad del entorno regulatorio y afecta directamente a la economía digital.