Valencia pasará a Sánchez un millón de factura por solventar el colapso de la avalancha de inmigrantes

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 21/04/2026 12:44
  • Actualizado: 21/04/2026 12:45

El Ayuntamiento de Valencia pasará la factura derivada de los refuerzos que necesita el Consistorio para el cumplimiento del decreto de regularización masiva de inmigrantes al Gobierno de Pedro Sánchez. Un proceso que ha generado kilométricas colas. El Ejecutivo hizo el decreto, pero son los ayuntamientos quienes están aportando sus recursos para que la regularización sea efectiva y los que se están viendo superados por la avalancha de inmigrantes. La alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, remitirá una carta a Sánchez en la que incluirá la cuestión de la financiación del procedimiento y ha advertido ya que el Consistorio estudiará todas las vías para reclamar al Gobierno el importe derivado de los refuerzos para ejecutar esa regularización masiva que, en el caso de Valencia, supera el millón de euros. El Ayuntamiento de Valencia tendrá que contratar para agilizar el procedimiento auxiliares administrativos y personal de servicios sociales.

De este modo, el Ayuntamiento de Valencia se convierte en el primero de los consistorios en advertir a Sánchez que, si el Gobierno considera que debe hacer una regularización, la factura la debe pagar el propio Gobierno y no los ayuntamientos. «Si por una norma sobrecargan los ayuntamientos, deben dotarlos de los recursos necesarios. Si no, ¿cómo atendemos el día a día de los valencianos que hacen un trámite de padrón normal y al mismo tiempo esta avalancha de solicitudes?», se ha preguntado María José Catalá.

Además, el Ayuntamiento de Valencia va a remitir una carta al Gobierno de España exigiéndole una serie de aclaraciones acerca de este proceso. Entre ellas, va a preguntar si es necesaria o no la acreditación de vulnerabilidad. Además, va a reclamar, también al Gobierno, que aclare si los ayuntamientos deben hacer esa acreditación de vulnerabilidad. Y, si es así, ¿cuál es el marco de criterios para valorar y determinar esa vulnerabilidad? Y, finalmente, y muy importante, si el Gobierno va a aportar recursos y financiación para poder abordar desde los servicios sociales municipales esa labor «extraordinaria».

María José Catalá ha anticipado que el Ayuntamiento de Valencia va a reforzar los servicios con la contratación de auxiliares administrativos y trabajadores sociales, específicamente para este proceso.

La alcaldesa de Valencia ha advertido que los valencianos no deben verse perjudicados por el decreto que Sánchez ha hecho «a espaldas de los ayuntamientos». Y ha advertido que ese refuerzo «lo vamos a volcar en el Gobierno de España». «Vamos a estudiar todas las vías para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez este importe», porque, según ha expresado Catalá, «si hay un principio de lealtad financiera para las autonomías, también lo debe haber para los ayuntamientos».

En conjunto, el enfado de los grandes ayuntamientos de España con el Gobierno de Pedro Sánchez es enorme por el modo como el Ejecutivo está llevando a cabo este proceso. De hecho, según ha explicado María José Catalá, hasta las 17:00 horas del pasado viernes, cuando solo restaban 60 horas para el inicio del proceso regulado por el Real Decreto, la secretaria de Estado de Migraciones no se dirigió a los ayuntamientos para solicitarles su colaboración. De facto, que el Gobierno no contó con los ayuntamientos para el decreto, pero sí para que les reclamó que hicieran el trabajo con sus propios recursos.