Un sindicato médico suma 860 denuncias por la desprotección de Puig y Barceló en la primera ola
La Consejería de Sanidad de Puig condenada por la falta de elementos de protección a los sanitarios
La falta de protección a sanitarios en la primera ola costará 2 millones a la Sanidad valenciana
Un dirigente del PSOE admite que Puig tiene a sanitarios sin contrato y sin cobrar en plena pandemia
En torno a 860 afiliados al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM CV) se han sumado ya a las denuncias por la falta de elementos de protección a la que se vieron sometidos por la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, que preside el socialista Ximo Puig y cuya titular es Ana Barceló, durante la primera ola de la pandemia. El sindicato prevé alcanzar las 1.000 denuncias antes del próximo 30 de marzo, fecha en la que cerrará el cupo de denunciantes en todo el territorio valenciano.
Hace 2 semanas, el Juzgado de lo Social Número 5 de Alicante condenó a la Consejería de Sanidad del Gobierno valenciano por la falta de elementos de protección que sufrieron los facultativos de la Pública durante la primera ola de la pandemia. La sentencia, que incluía indemnizaciones que oscilan entre los 5.000 y los 49.180 euros para cada facultativo, respondía a una demanda presentada en su día por 153 afiliados del CESM CV ante los Juzgados de Alicante. Las indemnizaciones que eso afiliados deben cobrar están en torno a los 2 millones de euros, en total.
Casi inmediatamente después, Ximo Puig pidió disculpas a los facultativos, pero anunció a su vez que la Generalitat Valenciana apelaría esa sentencia de Alicante. Estas palabras, lejos de desanimar al sindicato, han sido un acicate para los médicos en todo el territorio valenciano. El sindicato no sólo ha aumentado el número de denunciantes sino que también ha crecido su afiliación desde que CESM CV abriera el plazo para que se sumaran nuevos denunciantes.
Sólo en Alicante, en las últimas 48 horas, el sindicato ha recibido 20 nuevas altas de afiliación y 30 peticiones para sumarse a las denuncias, según ha confirmado su presidente Víctor Pedrera. Las mismas altas y denuncias que se han producido entre Valencia y Castellón. El sindicato cuenta ya con 860 denunciantes y cree que el 30 de marzo, fecha en que cerrará el cupo, esa cifra podría rondar el millar. Otro quebradero de cabeza para Puig y Barceló, para quienes la gestión de la pandemia se está convirtiendo en un verdadero problema.
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