Un marroquí detenido y dos investigados por alquilar viviendas vacacionales en Alicante que no existían
El detenido es un marroquí de 28 años y los investigados, también marroquíes, son un hombre de 28 años y una mujer de 22
Publicitaban los alquileres vacacionales en plataformas de internet, cobraban la fianza a las víctimas y desaparecían
El perjuicio económico causado a las víctimas, cuatro de Alicante y una de Sevilla, se eleva a 3.000 €
Publicitaban alquileres vacacionales a través de plataformas de internet y desaparecían tras cobrar la reserva del citado alquiler a las víctimas. Ese era el supuesto modus operandi de una organización conformada presuntamente, al menos, por tres súbditos marroquíes y descubierta por la Guardia Civil en Callosa de Segura (Alicante).
Los agentes han detenido en Novelda (Alicante), por su presunta relación con los hechos, a un varón de origen marroquí e investigan a otro. Ambos, de 28 años. También se encuentra investigada una mujer, igualmente marroquí y en su caso de 22 años, en la Región de Murcia. Ambos investigados, según fuentes del Instituto Armado, actuaban como lo que en el argot se denomina mulas económicas. Es decir, facilitaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero y luego lo transferían a los responsables a fin, según los investigadores, de dificultar el rastreo del dinero.
Según las mismas fuentes, el número de afectados se eleva hasta ahora a cinco. Cuatro, de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Y un quinto, de Sevilla, en Andalucía. Los agentes estiman que el perjuicio económico de las víctimas alcanza los 3.000 euros. La operación sigue abierta porque los agentes sospechan que hay más perjudicados.
La Guardia Civil imputa al súbdito marroquí detenido los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido entregadas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, en Alicante.
La investigación ha estado a cargo de la Guardia Civil en Callosa de Segura, también en Alicante. Y arrancó a raíz de que las víctimas denunciasen que habían pagado en concepto de fianza cantidades económicas para reservar viviendas vacacionales que, en realidad, no existían.
Los autores publicitaban anuncios de esas supuestas propiedades en plataformas especializadas a través de internet a precios muy competitivos. Cuando las víctimas contactaban con ellos, les exigían pagos por adelantado en concepto de reserva. Una vez efectuado el pago de esas reservas mediante transferencias, las víctimas perdían todo contacto con los supuestos arrendadores, sin llegar a disfrutar del alojamiento que creían haber reservado para disfrutar de sus vacaciones.
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