Un juzgado de Hellín investiga por la riada a las administraciones descartadas por la juez de la DANA

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 14/05/2025 06:51
  • Actualizado: 14/05/2025 06:51

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Hellín, en Albacete, ha admitido a trámite una querella criminal presentada por familiares de cuatro de los seis fallecidos en la DANA que este 29 de octubre asoló el pequeño municipio de Letur. La querella fue presentada por representantes legales de las familias de cuatro fallecidos por un presunto delito de homicidio imprudente del que supuestamente pueden ser responsables distintas administraciones públicas que tenían competencias relacionadas con los hechos.

La sola admisión de la citada querella contra varias administraciones constituye ya una diferencia notable con respecto al caso de la DANA que se instruye en la Comunidad Valenciana por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que ha rechazado todas las querellas presentadas contra los organismos estatales. Y centra su investigación en la Generalitat Valenciana.

En el caso de Letur, el Juzgado de Instrucción 1 de Hellín ha iniciado las diligencias de investigación solicitando información a varias entidades públicas acerca de los hechos. Y, entre ellas, el Ministerio del Interior, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, AEMET, la Confederación Hidrográfica del Segura y el propio Ayuntamiento de Letur.

En la Comunidad Valenciana, la juez, sin embargo, ha descartado una supuesta responsabilidad de los ayuntamientos hasta la fecha y ha citado a algunos de sus alcaldes y alcaldesas en calidad de testigos, como también lo ha hecho con el presidente de la Confederación, en este caso del Júcar, o a la delegada del Gobierno, a quienes ha decidido no declarar investigados, como algunas de las partes personadas en el caso habían solicitado.

En el caso de Letur, a diferencia de la Comunidad Valenciana, la querella no va dirigida contra ningún cargo público, pero sí contra la responsabilidad que supuestamente pudieron tener en las consecuencias de la catástrofe varias administraciones.

En la Comunidad Valenciana, la juez ha rechazado, precisamente, las querellas  que le han sido presentadas contra las Administraciones estatales. De modo que hasta la fecha la responsabilidad queda circunscrita al ámbito autonómico, en las personas de la ex consellera, Salomé Pradas, y el ex secretario de emergencias, Emilio Argüeso.

De hecho, en el caso de la reciente personación de Manos Limpias, la mencionada juez de la DANA en Valencia ha limitado la acción del colectivo a que la acusación se dirija contra el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Y no contra la Confederación del Júcar ni la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), como también era inicialmente la intención del citado sindicato.

Por ello, la admisión de la querella en el caso de la riada de aquel trágico 29 de octubre en Letur, en Castilla-La Mancha, por un juzgado de Hellín abre una visión radicalmente distinta a la de la juez de la DANA en Valencia.

El municipio de Letur, donde habitaban en 2024 un total de 922 personas, pertenece al partido judicial de Hellín y está enclavado en la sierra del Segura. Letour fue la localidad más afectada por la DANA fuera del territorio de la Comunidad Valenciana este 29 de octubre. Los efectos de la riada fueron allí devastadores. La cifra de muertos a consecuencia de la catástrofe se elevó hasta los seis. Hubo cadáveres que tardaron más de una semana en ser recuperados.