Justicia pagará este mes el complemento de brecha salarial y los atrasos de Puig a 6.298 funcionarios
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La Consejería de Justicia del Gobierno valenciano, un departamento que dirige Elisa Núñez, abonará este mes de octubre el complemento de brecha salarial y los atrasos que dejó pendientes el Ejecutivo anterior, que dirigía el socialista Ximo Puig, a 6.298 funcionarios de la Administración de Justicia. En cifras absolutas, el nuevo Gobierno valenciano de Carlos Mazón destinará a esta finalidad una cuantía de 679.140 euros, que ha tenido que habilitar tras encontrarse con que no había fondos para esos pagos, según ha explicado la propia Elisa Núñez.
El pago de este complemento fue aprobado por el Ejecutivo de Ximo Puig en septiembre de 2021 y debía haber empezado a realizarse en 2022. Una vez tomó posesión el nuevo Gobierno valenciano que dirige el popular Carlos Mazón, la consejera de Justicia acordó los sindicatos subsanar el incumplimiento del pago por parte del Ejecutivo anterior En concreto, el acuerdo se produjo en septiembre. Hace ahora un mes.
La novedad este viernes es que, según ha anunciado Elisa Núñez, los 6.298 funcionarios afectados recibirán en su nómina de octubre, la que se paga al cumplirse el periodo de 30 días, las cuantías correspondientes ya actualizadas, así como la liquidación de los atrasos pendientes desde el 1 de enero de 2022.
Los beneficiarios de esas cantidades son el personal de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de Medicina Forense y el personal facultativo del Instituto de Toxicología, Gestión procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y ayudantes del Laboratorio de Auxilio Judicial. En cifras absolutas, como se ha dicho, el nuevo Gobierno valenciano de Carlos Mazón destinará a esta finalidad 679.140 euros.
Se da la circunstancia de que la consejera de Justicia del Gobierno de Ximo Puig era la actual vicepresidenta segunda de las Cortes Valencianas Gabriela Bravo, que formó parte de la lista electoral por Valencia en mayo de 2023: la misma que encabezaba Ximo Puig.
Según ha explicado la actual titular de la Consejería del Ejecutivo de PP y Vox Elisa Núñez, el Gobierno de Ximo Puig «se inventó un parche para racionalizar los desfases en las clasificaciones y tablas retributivas, consistente en un complemento autonómico transitorio y en un complemento de brecha salarial». Según Núñez ha explicado el Gobierno de Ximo Puig debería haber empezado a pagar en 2022 estas cantidades, pero «todavía no se había hecho».
La realidad es que «no habían dejado dinero para pagarlo», según ha relatado también Elisa Núñez, por lo que desde el Ejecutivo de Carlos Mazón «hemos tenido que habilitar los fondos para pagar estos complementos previstos para 2022», así como su actualización y los atrasos que estaban pendientes.
Además, la nueva consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana va a solicitar al Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, que desarrolle el artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los funcionarios, también de Justicia, «tengan acceso al desarrollo de la carrera profesional».
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