El Consell fiscalizará con los ayuntamientos las inscripciones para evitar empadronamientos irregulares
Impulsará medidas de coordinación para controlar inscripciones irregulares en los padrones municipales
Vox advierte que el estado del bienestar "está colapsado por la inmigración irregular masiva"
El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca impulsará con los ayuntamientos medidas para controlar los empadronamientos irregulares. Así lo ha anunciado este jueves el propio Pérez Llorca en el transcurso de la sesión de control, en las Cortes Valencianas. Y lo ha ratificado, segundos después, el conseller portavoz, Miguel Barrachina. «Vamos a impulsar una coordinación para controlar las inscripciones irregulares en los padrones de los Ayuntamientos», ha destacado Pérez Llorca en el contenido de su respuesta a la pregunta del portavoz de Vox en la Cámara, José María Llanos, referida a la inmigración irregular.
La medida anunciada este jueves por Juanfran Pérez Llorca en sede parlamentaria llega en un momento crítico en materia de inmigración irregular. De hecho, tal como ha destacado Miguel Barrachina, la cuestión ha pasado de ocupar el puesto 19 en las preocupaciones de los españoles al segundo lugar.
La iniciativa de Pérez Llorca arranca después de que se produjeran casos como el publicado por OKDIARIO el pasado diciembre en Gandía, donde agentes de la Policía Nacional desarticularon una organización criminal dedicada a obtener datos personales y falsificar documentos para empadronar masivamente a ciudadanos extranjeros a cambio de dinero.
Fruto de aquella investigación, se constató el empadronamiento irregular de al menos 127 personas a cambio de unas cantidades que oscilaban entre los 200 y los 1.000 euros. Además, se localizó a víctimas. Todas de edad avanzada y propietarias de viviendas en la localidad.
El anuncio se produce, también, un día después de que OKDIARIO adelantase que El Partido Popular Europeo (PPE), en el que existe una representación mayoritaria del PP español, se alineará, por primera vez, en el Pleno del Parlamento Europeo con Patriots (grupo parlamentario al que pertenece Vox) y contra los socialistas, en cuyo grupo está integrado el PSOE de Pedro Sánchez, para impulsar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular a través de la reforma del Reglamento de Retorno. Esta circunstancia rompe, por primera vez, el pacto de gobierno entre conservadores, socialistas y liberales dentro de la UE y sus instituciones.
La preocupación por las consecuencias de la inmigración irregular en la Comunidad Valenciana no es nueva y sí es creciente por su afección a áreas como la sanidad. De facto, tal como también ha publicado OKDIARIO, la atención sanitaria a inmigrantes ilegales ha generado un gasto asistencial a la sanidad valenciana estimado en 555,1 millones de euros en los años transcurridos desde 2018 hasta 2025, tal como consta en una respuesta parlamentaria de la Consellería de Sanidad a la portavoz adjunta de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega.
De facto, el incremento del gasto anual de la Generalitat Valenciana por la atención asistencial a inmigrantes irregulares asciende a unos 70 millones de media en cada uno de los ejercicios que van de 2018 a 2025. En su intervención previa a la de Llorca, José María Llanos había destacado, en referencia a estas mismas cifras, que el estado del bienestar «está colapsado por la inmigración ilegal masiva». «¿A cuántos valencianos se les podría atender antes y mejor?», se ha preguntado el síndico de Vox en relación a esta cuestión.
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