Cataluña
El ministro de Hacienda en apuros

Llarena eleva el reto a Montoro: anuncios, viajes, actos e informes fueron pagados con fondos públicos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está en apuros. El informe judicial encargado por el juez Llarena para acreditar la malversación prueba pagos de anuncios, observadores, viajes e informes con destino a la preparación y ejecución del 1-O, tal y como demuestra el informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El juez Pablo Llarena ha levantado el secreto sobre la pieza separada que investigaba la posible malversación de caudales públicos. Y el resultado es todo un mazazo para el ministro de Hacienda, puesto que los informes de la Guardia Civil acreditan que se destinaron al menos 1,9 millones de euros públicos a la preparación del golpe del 1-O, tal y como adelantó OKDIARIO.

En concreto, los investigadores señalan 1.915.067,22 euros que fueron malversados por los responsables del golpe separatista en Cataluña. Un dato que sale de la suma de diversas pruebas analizadas y que deja en evidencia a Montoro, quien en una entrevista en el diario ‘El Mundo’ aseguró que «yo no sé con qué dinero se pagaron las urnas de los chinos del 1-O, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público».

El importe total es el resultado de la suma de los informes que ya figuran en los atestados de la causa y se desglosa por departamentos y por acciones. La Guardia Civil ha confirmado sus importes y ha certificado que, efectivamente, corresponden a fondos públicos malversados por el Govern.

Se trata de campañas de publicidad, de viajes de observadores y gastos de la red de embajadas de la Generalitat -Diplocat-, de informes jurídicos, de sobres y material de papelería, de cartelería de organización de actos de movilización o de alquiler de locales como el Teatro Nacional de Cataluña para los actos de agitación y propaganda dirigidos al golpe constitucional.

Todo ello viene perfectamente detallado, tal y como muestra el documento que hoy reproduce OKDIARIO.

Detalle de uno de los informes de la Guardia Civil.

En uno de los informes previos en los que se apoya la Guardia Civil afirma literalmente que “a la vista de todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que la campaña de civismo que el Departamento de Presidencia financia a través de un crédito solicitado al Departamento de Vicepresidencia […] con un presupuesto de 3.430.000 euros podría tratarse de la campaña del referéndum del 1 de octubre”.

El documento de la Guardia Civil destaca en su explicación que “finalmente la campaña no fue adjudicada a ninguna empresa y se declaró desierta”. Pese a lo cual “ésta se llevo a cabo de forma parcial”. Es más, se hizo, según los investigadores, sin adjudicación abierta. La Guardia Civil sostiene que se trata, de hecho, de una de las campañas más famosas del referéndum ilegal: se hizo “a través del anuncio de las vías en diversos medios tales como TV3, algunos medios de prensa escrita y digital”.

El nuevo informe de la Guardia Civil revela ya las cifras parciales de éste gasto y certifica que efectivamente se realizó y que ascendió a 502.639,61 euros malversados de fondos públicos.

Montoro está requerido por el juez

Este pasado miércoles, el juez Pablo Llarena había requerido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que le informara a la mayor brevedad posible sobre los datos concretos en los que basó sus palabras afirmando que tenía la certeza de que no había gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña.

En una entrevista publicada este lunes en ‘El Mundo’, Montoro indicaba que no sabía “con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”. Según el magistrado Llarena, la afirmación de Montoro “contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa”.

Por ello, Llarena había decidido requerir al ministro de Hacienda “a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones”.

El partido VOX, que ejerce la acusación popular en la causa contra el golpe independentista que se instruye en el Tribunal Supremo, ha pedido la “inmediata dimisión o cese fulminante del ministro de Hacienda por haber faltado a la verdad y haber causado un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas”.

La declaraciones de Cristóbal Montoro supusieron un varapalo para la causa que se sigue en el Supremo contra el secesionismo catalán. Y es que, por ejemplo, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull han citado este miércoles pasado las declaraciones de Montoro en sus defensas argumentases para mantener que no hubo malversación en el proceso independentista.

Oxígeno para el tribunal alemán

Además, las implicaciones con respecto al ex president eran dobles. Por un lado, tras descartarse la extradición de Puigdemont por el delito de rebelión –aunque en las últimas horas la justicia alemana no descarta esta posibilidad– ya sólo faltaba demostrar que había existido delito de malversación. Las declaraciones de Montoro frustraban toda la argumentación de la Euroorden cursada por el juez Llarena que llevó a la detención de Puigdemont en tierras germanas.

Ahora le toca a Cristóbal Montoro, como ha prometido este miércoles, enviar al juez del Tribunal Supremo toda la documentación que avale su tesis de que no se empleó ni un solo euro en el golpe independentistas. Por el momento, Llarena ha movido ficha y la pieza secreta muestra que, al menos, 1,9 millones de euros sí se destinaron de los fondos procedentes del FLA a la financiación y ejecución del golpe separatista.