Cataluña

Llarena cree que la ANC, Òmnium y la AMI también ayudaron a financiar el 1-O con dinero público

El juez Pablo Llarena amplia la investigación por malversación a los movimientos de ANC, Òmnium y AMI. Las facturas en manos del Tribunal Supremo y procedentes de la pieza separada sobre malversación en el golpe separatista del 1-O muestran no sólo cruces de financiación entre el Govern, el Presupuesto de la Generalitat, y las cuentas de los partidos separatistas, como ya adelantó OKDIARIO. Sino que también reflejan este tipo de relaciones entre la financiación del golpe y las cuentas, pedidos y gastos a nombre de Òmnium Cultural.

La Guardia Civil y el juez, ante esta evidencia, han preferido ampliar la investigación a las tres organizaciones estrella de los separatistas -introduciendo en las pesquisas a ANC y AMI- por la evidencia de que podrían estar todas ellas dentro de este tipo de prácticas.
La mecánica, descrita por la Guardia Civil, consiste en el encargo de pedidos o de gastos por parte de Òmnium y el abono posterior con dinero B procedente de la Generalitat.

Así ocurrió por ejemplo con los gastos de los carteles de promoción del referéndum ilegal. En las facturas a las que ha tenido acceso OKDIARIO puede apreciarse como parte de los pedidos aparecen a nombre de la asociación de Jordi Cuixart. Sin embargo, a la hora de pagar, la indicación de “abono” señala a la “Generalitat de Cataluña”. Los pedidos se suceden y fraccionan para conseguir que el control fuese más difícil de efectuar. Pagos de 17.250 euros, de 3.750 euros, o de 5.475 euros, por poner algunos ejemplos, se van sucediendo, hasta ir preparando todos los encargos necesarios para el desafío separatista.

La Guardia Civil, igualmente, ha identificado gastos en los que no llega a identificar al autor de los pedidos. Dudas que abren la posibilidad de que ANC o AMI interviniesen en los mismos procedimientos o en mecanismos de pago directos desde otras bolsas de fondos públicos percibidos previamente.

Otra anotación de la Guardia Civil rebela la posibilidad de que todas estas asociaciones recibiesen transferencias directas desde fondos públicos: “La forma económica de relacionarse con Òmnium es a través de un código interno de empresa denominado “Forma de pago 13” que establece que los pedidos (como los anteriormente señalados) se abonan mediante transferencias”.

Se trata, en todos estos casos, de parte de las facturas recabadas por el juez Llarena y la Guardia Civil en la pieza secreta que demuestra la existencia de malversación de fondos públicos en el 1-O. El conjunto de todas esas facturas engloba documentos sobre viajes de observadores, sobre material de cartelería, sobre comidas en restaurantes de las personas contratadas en los preparativos y control del golpe separatista, sobre papeletas de votación, sobre alquiler de locales de promoción del referéndum ilegal, como el Teatro Nacional de Cataluña para los actos de agitación y propaganda dirigidos al golpe constitucional.

Facturas de viajes que superan, algunas de ellas y de forma individual, los 7.000 euros; o de gastos de manutención de personas pagadas por Diplocat de más de 500 euros por día; o de gastos de campañas de publicidad de más de 200.000 euros.

Todas ellas conforman las pruebas del delito de malversación. Pruebas que ha ido desvelando OKDIARIO y que son el sustento del informe judicial encargado por el juez Llarena para acreditar la malversación de fondos públicos con pagos en anuncios, observadores, viajes e informes con destino a la preparación y ejecución del 1-O.

En concreto, los investigadores han identificado sin ningún género de duda al menos 1.915.067,22 euros que fueron malversados por los responsables del golpe separatista en Cataluña. Un dato que sale de la suma de todas las pruebas analizadas y que deja en evidencia a Montoro, quien aseguró que “yo no sé con qué dinero se pagaron las urnas de los chinos del 1-O, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”.

El importe total es el resultado de la suma de los informes que ya figuran en los atestados de la causa y se desglosa por departamentos y por acciones. La Guardia Civil ha confirmado sus importes y ha certificado que, efectivamente, corresponden a fondos públicos malversados por el Govern.
El pasado miércoles, de hecho, el juez Pablo Llarena requirió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que le informara a la mayor brevedad posible sobre los datos concretos en los que basó sus palabras afirmando que tenía la certeza de que no había gasto público en la organización de la votación ilegal del 1-O en Cataluña.

Según el magistrado Llarena, la afirmación de Montoro “contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa”. Por ello, Llarena decidió requerir al ministro de Hacienda “a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones”. Y, en caso de que no lo haga convenientemente, el Supremo plantea ya citar como testigo al ministro de Hacienda para que se explique con detalle.