La Justicia aboca a la Generalitat a dar 24 millones a 26 ayuntamientos por no pagar las guarderías

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha asestado un nuevo duro revés a la Generalitat de Cataluña, liderada por Pere Aragonés (ERC), al no admitir su último recurso contra la sentencia que obligaba a pagar cientos de miles de euros al Ayuntamiento de Mataró por las guarderías infantiles. Se trata de una sentencia que refuerza la reclamación de 26 ayuntamientos que también han denunciado por más de 24 millones de euros más intereses a la Administración regional por no hacerse cargo de la parte que le corresponde de la financiación de los jardines de infancia y precisamente de esos intereses de demora.

Tal como adelanta OKDIARIO, el TSJ catalán en una sentencia que no admite más recursos declara la inadmisión de la solicitud de revocar la sentencia de primera instancia y condena a la Generalitat a pagar, además, las costas procesales a la parte recurrente con el límite máximo de 2.000 euros por todos los conceptos IVA incluido.

De esta forma, un tribunal compuesto por cinco magistrados, en el que Manuel Táboas ha ejercido de ponente, falla en contra de los intereses de la Consejería catalana de Enseñanza. La sentencia subraya que no debe aplicarse la legislación autonómica, como alegaba la Generalitat, y sí el derecho estatal que, dice el TSJ, no le corresponde enjuiciar. Además, recuerdan que la Generalitat presentó otro recurso de casación ante el Tribunal Supremo y se declaró desierto. Ahí los jueces apreciaban que las normas infringidas eran del ordenamiento estatal en materia de intereses. El recurso nuevo ante el TSJ la materia es idéntica y los magistrados concluyen que no es admisible.

Cabe recordar que este caso procede en origen de que el PP en 2018 inició el pleito judicial entre Mataró y el Govern autonómico. A pesar de que esa localidad es gobernada por el PSC, el partido de Alberto Núñez Feijóo llevó al Pleno municipal una moción para llevar el caso a los tribunales. Aunque los socialistas guardan mucha relación con Junts y ERC, no les quedó más remedio que votar a favor. Todos los grupos municipales por unanimidad acogieron la propuesta del PP que ahora llega a buen puerto.

La proposición del PP recordaba que ya en 2015 el Pleno del Ayuntamiento de Mataró aprobó una Declaración Institucional para pedir a la Consejería de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña el cumplimiento de los acuerdos firmados con las entidades municipalistas para la financiación de las guarderías de titularidad municipal, incumplidos desde el año 2011, y dado que la Consejería no ha satisfecho esta demanda, «cosa que ha perjudicado a las familias y también las finanzas municipales», se proponía que «los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Mataró iniciarán los trámites necesarios para presentar una demanda contra la Generalitat de Cataluña para resarcirnos de los incumplimientos sobre la financiación de las guarderías municipales de Mataró».

Al grupo municipal del Partido Popular de Mataró se unió PSC, CiU, ERC, ICV-EUiA, Ciudadanos y VoleMataró ante impagos de más de tres millones de euros sólo en esa localidad. Se trataba de la tercera parte del coste total de cada plaza de guardería, que se dividía entre las familias, el ayuntamiento y la Generalitat.

Recordaban que otros ayuntamientos, como el de Cornellá o el de Hospitalet de Llobregat, ya habían demandado judicialmente con éxito al Gobierno autonómico. En ese momento, ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les ha dado la razón con sentencia condenatoria contra la Generalitat de Cataluña con la orden de pagar parte de las guarderías municipales.

Por su parte, fuentes municipales consultadas por OKDIARIO desvelan que la Generalitat ya ha empezado a pagar a Mataró por esta disputa legal que acumula más de una década de recorrido.

3,7 millones en intereses

Este pronunciamiento del TSJ contra la Generalitat por las guarderías se suma a uno de mayo en el que ya se determinó la obligación de pagar a los ayuntamientos «inmediatamente». Se trató de una sentencia que recordaba otro fallo judicial del 2017. Los 26 municipios demandantes reclamaban 24 millones de euros relativos a tres cursos escolares (2012 a 2015). En concreto, 1.300 euros por niño y curso. Además, ya entonces se avisaba de la importancia de los intereses de demora. Desde la decisión judicial de 2017 se acumulan unos 3,7 millones en este concepto.

Ha sido toda «una carrera de obstáculos» para los municipios. La Generalitat para retrasar el pago de las guarderías aprobó una ley presupuestaria para alargar durante 10 años los desembolsos.  La Generalitat anunció un recurso al ver que la Justicia le volvía a dar la espalda en este asunto.