La Fiscalía pide tres años de cárcel para otra ex concejala de Colau por delito medioambiental

Tres años de prisión es la petición de la Fiscalía para Inma Mayol, ex concejala del Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau, por un delito medioambiental que cometió presuntamente durante la pasada legislatura. Mayol era gerente de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (EMAYA) cuando se produjeran vertidos de aguas residuales a la bahía de Palma que provocaron daños irreversibles a las praderas de posidonia y tuvieron consecuencias para la salud de los ciudadanos. Con este, son ya varios los procesos penales que afectan al entorno de la alcaldesa, incluida su propia investigación por otorgar subvenciones a entidades afines.

Su mano derecha, Eloi Badía, vicepresidente del Área de Ecología del Área Metropolitana de Barcelona, está acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por presuntas emisiones contaminantes desde la planta incineradora Tersa.

En el caso de Mayol, la acusación se basa en la ausencia de adopción de medidas para evitar los vertidos. En el Badia, el Ministerio Público entiende que los máximos responsables de TERSA habrían tolerado conscientemente prácticas contrarias a la normativa ambiental que supondrían un grave riesgo para la salud de las personas.

La petición de la Fiscalía ha provocado un tsunami político a escasas fechas para la presentación del proyecto político de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha venido escenificando junto a la dimitida Mónica Oltra y a la alcaldesa Ada Colau. La primera, ya apartada forzosamente de la vicepresidencia valenciana, ha supuesto un incómodo inconveniente en los tiempos de la vicepresidenta. Ahora, con Colau también investigada y el goteo de personas próximas a la edil a las puertas del banquillo por presuntos delitos medioambientales, Yolanda Díaz reivindica su proyecto político «Sumar» junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con quienes quiso escenificar su apuesta en las pasadas elecciones andaluzas.

En pocas semanas, la también ministra de Trabajo, ha visto cómo sus «elegidas» se enfrentaban a los propios códigos éticos diseñados para sus formaciones en el momento en el que practicaban el «activismo», norma que en ambos casos han intentado esquivar aludiendo que sus imputaciones y las de sus colaboradores, en el caso de Colau, estaban fuera de lo que consideran «corrupción política», pese a los delitos de malversación de fondos públicos, tráfico y influencias o contra la salud pública, entre otros.

La oposición ha pedido la dimisión inmediata de Truyol ya que entiende que no puede seguir al frente de su cargo tras la decisión del fiscal. Por su parte, el Ayuntamiento de Palma argumenta que es el actual equipo municipal el que está tomando medidas para poner fin a los vertidos, marcando distancias con Truyol.

La ex concejala de Colau ha recibido, sin embargo, el apoyo de responsables de Més, partido al que pertenece, que han defendido que siga en el cargo.