Denuncian a Boye ante el Colegio de Abogados por falsificar las palabras del juez Llarena

El eurodiputado liberal Enrique Calvet ha denunciado ante el Colegio de Abogados de Madrid al letrado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, por falsificar las palabras del juez Pablo Llarena en la demanda interpuesta contra el magistrado en un Juzgado de Bélgica.

El equipo jurídico de Puigdemont, encabezado por Gonzalo Boye, falsificó unas declaraciones públicas del juez Llarena para acusarle ante la Justicia belga de vulnerar la presunción de inocencia de los imputados en la causa del 1-O.

Se trata de una demanda instrumental con la que Puigdemont y Boye pretenden cuestionar en Bélgica toda la causa instruida contra los golpistas de la Generalitat y fabricar un motivo de recusación contra el juez Pablo Llarena.

Pero además, los abogados de Puigdemont encabezados por Gonzalo Boye han incurrido presuntamente en una grave falsificación, que podría dar lugar a su inhabilitación como letrados. En el texto francés de la demanda, cambiaron completamente el sentido de las declaraciones de Llarena, para acusarle de vulnerar la presunción de inocencia.

Intenta culpar a la traductora

Cuando se ha descubierto este fraude, Gonzalo Boye ha intentado culpar a la traductora oficial jurada que vertió el texto de la demanda al francés, pero ésta ha dejado claro que no tuvo ninguna intervención en el texto manipulado de las palabras del juez Llarena.

El eurodiputado Enrique Calvet, elegido por las listas de UPyD y ahora adscrito al grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ha decidido llevar estos hechos ante el Colegio Oficial de Abogados de Madrid, por considerar que Boye ha podido incurrir en un fraude procesal que debería ser motivo de suspensión para desempeñar las labores de letrado.

En su denuncia, Calvet recuerda que Gonzalo Boye «ha sido el encargado de firmar la demanda presentada ante la Justicia belga por el fugado de la justicia española y presunto golpista Carles Puigdemont contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena».

Y precisa que la demanda de Puigdemont se basa en unas declaraciones del juez Llarena que han sido «alteradas deliberadamente para intentar facilitar su admisión a trámite por la Justicia belga». A petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Estado español ha asumido la defensa de Llarena en dicha causa, por lo que el fraude cometido por Boye puede tener un elevado coste para el presupuesto público.

Condenado por colaborar con ETA

Para ello, el Ministerio de Justicia ha contratado al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, cuya minuta puede alcanzar los 545.000 euros. Una cantidad que, una vez constatado el fraude, debería pagar Carles Puigdemont cuando sea condenado a costas.

El eurodiputado Enrique Calvet señala en su denuncia que la conducta de Gonzalo Boye constituiría una «infracción muy grave», de acuerdo con el artículo 84 del Estatuto General de la Abogacía, por lo que debería ser sancionado con la suspensión para el ejercicio de sus funciones como letrado o su expulsión del Colegio Oficial.

Gonzalo Boye se sacó la carrera de Derecho en la cárcel, donde cumplía una condena de 14 años por colaborar con la banda terrorista ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla. En varias entrevistas, ha presumido de que fue él quien aconsejó a Carles Puigdemont que huyera de España, para evitar que el juez Llarena le enviara a la cárcel por dirigir el golpe de Estado del 1-O.