El juez imputa a la ex consellera de Cataluña que retrasó la vacunación de los policías por el covid

El Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona ha imputado a la ex consejera catalana de Salud en los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonés, Alba Vergés. La actual vicepresidenta del Parlament de Cataluña ha recibido una notificación para ser informada de su condición de investigada en la causa abierta sobre el presunto retraso a conciencia en la vacunación contra el Covid-19 a policías y guardias civiles destinados en Cataluña cuando estaba al frente del departamento.

El auto de 14 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, accede con la petición de la Fiscalía que solicitaba la imputación de Alba Vergés por discriminar a los agentes de la Policía y la Benemérita. Por otra parte, se archiva el caso para otras dos personas hasta ahora investigadas.

La denuncia del Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía-Justicia Policial (Jupol) y por la Asociación de la Guardia Civil-Justicia Civil (Jucil) provocó la apertura de diligencias que instruye el juez Fernando Luis Criado Navamuel en mayo de 2021.

El juez razona que «la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad contemplaba grupos de población a vacunar de forma prioritaria, entre los que se incluía a las personas con trabajos esenciales y, en concreto, a quienes desempeñan servicios especialmente críticos (Bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, etc.)». En particular, con la vacuna de Astrazeneca.

Sin embargo, atendiendo a las fechas se ve una discriminación de la Policía y la Guardia Civil. «A fecha de marzo de 2021 el porcentaje de vacunación es: Mossos, 77%; Policía Local, 69%; Bomberos, 70%; Guardia Urbana, 78%; Policía Nacional, 3,6%; y Guardia Civil, 2,8%», se enumera. Un mes después apenas se avanzó un 5% en estos dos últimos cuerpos.

Todo ello en el día en el que el PSOE y Junts han firmado el impulso de la Ley de Amnistía que provocaría el olvido oficial los delitos de todos los implicados en el procés e incluso de otras causas judiciales en las que comisiones de investigación en el Congreso vean «lawfare» o guerra judicial. Vergés podría beneficiarse de esa nueva normativa del mismo modo que se pueden ver afectados por esa interpretación de «judicialización de la política» el abogado Gonzalo Boye acusado de blanqueo en una causa con un narco; la presidenta de Junts, Laura Borràs que fraccionó contratos; o el clan Pujol, investigados por, entre otros, delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal y blanqueo.

Los mensajes polémicos

Cabe recordar que Josep Maria Argimon, quien anteriormente ocupó el cargo de conseller de Salut en el gobierno de Junts, presentó en el Juzgado una serie de conversaciones en la aplicación WhatsApp que comprometen a su predecesora en el cargo, Alba Vergés, de ERC, por perjudicar a la Policía y la Guardia Civil en plena pandemia. Un integrante del equipo de Vergés envió un correo electrónico a Argimon y a la entonces subdirectora general de Promoción de la Salud, indicando que debían detener la vacunación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por orden de la consellera. En el correo se mencionaba: «Una vez más, la consellera solicita detener la vacunación a la Guardia Civil y la Policía Nacional. No podremos justificarlo, pero lo tenemos que detener». La respuesta de Cabezas fue sucinta: «Vosotros mandáis».