Vox acusa a la izquierda de «no tener vergüenza» por no invertir en prevenir la explotación de menores

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 23/04/2024 19:22
  • Actualizado: 23/04/2024 22:08

El diputado de Vox en el Parlament balear, Agustín Buades, ha acusado en la sesión de control al Ejecutivo balear a los diputados de la izquierda que durante la pasada legislatura gobernaban en Baleares en un Govern presidido por la socialista, Francina Armengol, de «no tener vergüenza» por no gastar ni un euro de las ayudas económicas del Ministerio de Igualdad, para prevenir la explotación sexual a menores tuteladas.

Buades en su intervención criticó la falta de interés de los responsables políticos de la izquierda en una comunidad como Baleares, donde más aumentaron entre 2017 y 2022 las agresiones sexuales a menores de edad.

«Ustedes miraron para otro lado con las menores tuteladas prostituidas, y en algunos casos, obligadas a abortar», abundó Buades que reprochó a los políticos del anterior gobierno autonómico, hoy en las filas de la oposición,  que no depuraran ninguna responsabilidad política por los numerosos escándalos denunciados, ni realizaran ninguna comisión de investigación para aclarar los hechos.

«No contentos con eso, en 2022 las Islas Baleares no invirtió ningún recurso de los fondos asignados a las comunidades autónomas para la prevención de abusos a los menores tutelados. No tienen vergüenza», reiteró el diputado de Vox, ante las protestas de los diputados de izquierdas.

Buades recordó que en 2022, el Ministerio de Igualdad comenzó a destinar una partida anual de 800.000 euros para la implementación de programas de prevención de abusos sexuales y de la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual en menores tuteladas o acogidas por las administraciones.

Siete autonomías, en concreto, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, así como las ciudades de Ceuta y Melilla no gastaron ni un euro.

«No tienen vergüenza. Si, si, mucho bla, bla, bla, pero no tienen vergüenza», zanjó Buades que preguntó a la actual consellera de consellera de Familia y Asuntos Sociales, Catalina Cirer (PP), qué opinión le merecían estos hechos.

Cirer en su contestación fue al grano, y aseguró que el anterior Govern ejecutó «cero euros a conciencia» de los fondos para prevenir la explotación sexual de menores tuteladas, porque ignoraron los «requerimientos de Madrid» para que ajustara la programación.

«Parece que tienen muchas ganas de contestar aquí detrás», apuntó Cirer en relación a las protestas de los diputados socialistas, que fueron a su vez contestadas por el diputado de Vox, Sergio Rodríguez: «Han tenido ocho años para contestar».

En concreto, del fondo finalista del Ministerio de Igualdad, de 800.000 euros a repartir entre todas las comunidades autónomas, unos 18.000 euros fueron los que correspondieron a Baleares, para actuaciones realizadas en 2022 que se debían justificar a través de una memoria antes de 2023. Un dinero que nunca llegó.

La consellera Cirer calificó de «irresponsabilidad total y absoluta» la gestión de estos recursos, incidiendo en que hubo requerimientos expresos del Estado dirigidos a la entonces directora del IB-Dona, Maria Duran, para gastarlos.

Cirer añadió, además, que la anterior gestora del ente tampoco dejó «ninguna acción programada» para 2023, y esto condiciona ahora, los fondos que de este programa pueda recibir Baleares en el futuro. De hecho, en estos momentos, están en el aire.

Hay que recordar en relación a los casos de abusos sexuales a menores tuteladas en Baleares, que la ex consellera de Asuntos Sociales del Govern de Francina Armengol de Més per Mallorca, Fina Santiago, y el ex presidente socialista del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, han sido citados por un juzgado de Palma como investigados, para defenderse de una querella que, hace más de un año, presentaron Vox y la asociación Justicia Poética.

Se trata del caso de una menor tutelada que protagonizó una extraña desaparición y que pudo ser obligada a prostituirse. En la denuncia se apuntaba que mientras que esta menor estaba oficialmente desaparecida, el IMAS organismo público encargado de su tutela y adscrito al Consell de Mallorca entonces presidido por la socialista, Catalina Cladera, mantenía una comunicación constante con ella.