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Uno de cada cuatro beneficiarios de la Renta Social del Govern no tenía derecho a cobrarla

El Govern de Prohens ha aumentado los controles ya que había personas que trabajaban mientras cobraban la ayuda

Entre junio y julio de 2023, cuando el PP tomó el poder, 490 personas se dieron de baja del servicio de forma repentina

Una de cada cuatro personas que cobraban la Renta Social Garantizada (RESOGA) no tenía en realidad derecho a percibirla. Es decir, un 25% del total, o lo que es lo mismo 700 prestaciones que ya han sido anuladas por el actual Govern de Marga Prohens gracias a estrictos controles que se han llevado a cabo.

Lo señalado ocurrió en el mandato de la socialista Francina Armengol como presidenta del Ejecutivo balear, con la independentista Fina Santiago como consellera de Asuntos Sociales. Había usuarios que pese a cobrar la ayuda, estaban dados de alta en la Seguridad Social y, por tanto, trabajaban, o incluso había quienes ya ni vivían en las Islas Baleares, dos circunstancias incompatibles con la RESOGA.

El fraude de estos 700 usuarios ha generado en las cuentas de las Islas Baleares un agujero de 4 millones de euros debido a los ingresos percibidos indebidamente por parte de los perceptores de la renta social.

Una de las sorpresas de la actual consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, fue que cuando llegó al departamento que gestiona actualmente, de forma repentina, 490 personas se dieron de baja. De un mes para otro. Esa diferencia fue tangible entre junio y julio de 2023, cuando el Partido Popular tomó el poder tras su victoria electoral en el mes de mayo de ese año.

El portavoz popular en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, se manifestó esta semana al respecto apelando a que «se debe hacer un buen uso de los recursos públicos y se debe aclarar que no se han cambiado los criterios. Nadie que necesite la RESOGA dejará de tenerla». A su vez, matizó que era necesario aumentar los controles y se le ha retirado a quien la había cobrado de forma indebida.

Sagreras expuso que «había gente que ya no vivía en Baleares, que estaba trabajando o en otras circunstancias, y por tanto, si cobraba la RESOGA alguien que no debía hacerlo estaba limitando los presupuestos a los que realmente sí la necesitaba».

El portavoz del PP defendió que «haya un buen uso de los recursos públicos y en eso se ha centrado el Govern del Partido Popular. Estamos hablando de un fraude de unos 4 millones de euros. Una de cada cuatro personas era una situación que no se podía sostener. El Govern se ha puesto firme y ha hecho lo que debía hacer», concluyó.

Por su parte, Lluís Apesteguia, portavoz de Més per Mallorca, valoró también lo sucedido con la RESOGA. Cabe recordar que Fina Santiago, perteneciente a la formación independentista, era la consellera de Asuntos Sociales del anterior Ejectuvo autonómico que presidía la socialista Francina Armengol.

Apesteguia explicó que «si a un ciudadano para acceder a una prestación se le requiere una declaración responsable que posteriormente se comprueba y miente, el único que tiene la responsabilidad es la propia persona que ha mentido. No nos gusta que sea así, también pasa en Urbanismo o en Medio Ambiente», añadió sin entrar en más detalles.

Preguntado acerca de si la ex consellera Santiago debería comparecer para dar explicaciones por lo sucedido, Apesteguia fue claro: «No debe dar explicaciones. Es una cuestión de procedimiento administrativo. Me gustaría que la Administración fuese más ágil para detectar irregularidades en todos los ámbitos, no solo en Servicios Sociales».

El portavoz del partido separatista aprovechó, además, para felicitar al actual Govern de Marga Prohens, aunque matizó que «me parece importante que el 75% de las personas que realmente necesitaban esa prestación la tuviesen y no debían esperar a que la Administración resolviese. La revisión posterior elimina ese tiempo de espera».