El Seprona y el Govern inspeccionan en Mallorca siete parcelas rústicas por vertidos de residuos de obra

• Mar del Valle
• Portadista, editora y redactora de OKBaleares. Antes, periodista en EL MUNDO Baleares durante 19 años.
• • 18/05/2024 13:57
  • Actualizado: 18/05/2024 14:46

La Guardia Civil, a través del Seprona, ha realizado siete inspecciones en terrenos rústicos ubicados en Palma, Marratxí, Santanyí, Muro, Llucmajor y Capdepera, por sospechas de que se hubieran vertido residuos procedentes de obras y demoliciones.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, las inspecciones se han llevado a cabo de manera conjunta con el Servicio de Residuos de la Conselleria de Empresa, Ocupación y Energía y por lo que se refiere a las parcelas rústicas de Palma y Marratxí, en colaboración con las áreas de Urbanismo y Actividades de cada consistorio.

Los agentes del Seprona descubrieron que los residuos generados en obras de construcción no se trasladaban a un gestor autorizado y acababan sin la obligatoria trazabilidad en parcelas rústicas, donde eran almacenados, vertidos o triturados ilegalmente. Observaron que incluso había escombros enterrados en algunas parcelas. Asimismo, verificaron que la mayoría de los residuos procedían de obras sin licencia urbanística.

Los guardias civiles e inspectores del Govern localizaron grandes cantidades de residuos acopiados ilegalmente en suelo rústico.

Las parcelas sobre las que se vierten o entierran residuos de la construcción pueden declararse según la normativa como suelos contaminados, por contener la mayoría de las veces fibrocemento con amianto (residuo catalogado como peligroso). De ello pueden derivar obligaciones para los responsables para garantizar la descontaminación y recuperación.

Tras los informes periciales solicitados, así como con próximas prospecciones y muestreos de los terrenos, si los agentes acreditan que existe riesgo o afectación del suelo, subsuelo o de la masa de agua subterránea por los vertidos ilegales de residuos contaminantes, se investigará a los responsables como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente.

Por el momento, los infractores se enfrentan a sanciones de 2.001 a 600.000 euros. La Guardia Civil ha recordado que, según la normativa, los propietarios de las parcelas se consideran los poseedores de los escombros y, por tanto, responsables de gestionarlos debidamente mediante la entrega de un gestor autorizado.

Asimismo, como parte de las actuaciones se han tramitado denuncias por no disponer de título habilitante para ejercer actividades comerciales o industriales en parcelas rústicas por parte de las empresas y personas infractoras, que conlleva como medida cautelar la paralización de la actividad.

Esta campaña de inspecciones continuará en próximas fechas en otras localidades de la isla, debido al aumento de estas conductas incívicas detectado por la Guardia Civil.