Sánchez tiene en Ceuta la llave para no votar en 2027

Pedro Sánchez nunca ha visto en una crisis un problema. Ha visto una herramienta. Lo hizo con la pandemia, cuando gobernó durante meses por decreto y con el Parlamento cerrado. El Tribunal Constitucional acabó declarando ilegal aquel confinamiento, pero ya daba igual. Lo hizo con la amnistía, cuando convirtió en «concordia» lo que la víspera de las elecciones llamaba inconstitucional. Y ahora tiene delante la crisis más grave de la frontera sur en décadas: decenas de miles de personas entraron en Ceuta a principios de agosto, se desplegaron refuerzos militares y Marruecos vuelve a tensar la cuerda desde el otro lado de la valla.

La pregunta ya no es si el Gobierno sabe gestionar Ceuta. Es si quiere cerrarla o prefiere tenerla abierta, como una herida que no termina de curar. Porque una Ceuta en crisis permanente le da a Sánchez algo muy valioso: un motivo para decretar un estado excepcional justo cuando la ley le obliga a ir a las urnas.

El artículo 116.5 de la Constitución es claro: «No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo». Mientras dure un estado de alarma, de excepción o de sitio, el Congreso no se disuelve y funciona sin interrupción.

La legislatura empezó con las elecciones del 23 de julio de 2023 y caduca cuatro años después, en julio de 2027. El artículo 42 de la Ley Electoral fija el calendario: el decreto de convocatoria sale 25 días antes de que termine el mandato. Si nada lo impide, los españoles votarían a finales del verano de 2027.

Aquí empieza la trampa. La Constitución prohíbe la disolución, que es el acto con el que el presidente adelanta las elecciones. No dice nada, en cambio, de lo que ocurre cuando la legislatura se acaba por sí sola en plena emergencia. La Ley Orgánica 4/1981, que regula estos estados, tampoco dice una palabra sobre las elecciones. Hay un vacío legal. En manos de un presidente que ha hecho del resquicio jurídico su forma de gobernar, ese vacío es un arma.

Ya existe un precedente. En 2020, con el estado de alarma, el País Vasco y Galicia aplazaron sus elecciones autonómicas. Se hizo por decreto de sus presidentes y la justicia no lo tumbó. Un año después, la Generalitat quiso aplazar las catalanas y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo paró. Es decir, la cuestión es discutible. Y a Sánchez le basta con que sea discutible.

Los tres estados y cuál necesitaría Sánchez

La Ley Orgánica 4/1981 regula tres niveles, y cada uno tiene sus requisitos:

El estado de alarma lo decreta el Gobierno solo, en Consejo de Ministros, para un máximo de 15 días. Está previsto para catástrofes, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales o desabastecimiento. Encajar ahí una crisis fronteriza exige estirar mucho la ley, pero Sánchez ya estiró la alarma para suspender derechos durante la pandemia. Para prorrogarla, necesita la autorización del Congreso.

El estado de excepción sirve cuando el orden público o el funcionamiento normal de las instituciones «resulten tan gravemente alterados» que las potestades ordinarias no bastan. Es el que encaja con una frontera desbordada. Pero exige autorización previa del Congreso y dura un máximo de 30 días, prorrogables otros 30.

El estado de sitio se reserva para una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía o la integridad territorial de España. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo en agosto que Ceuta y Melilla son «superespañolas» y que un ataque contra ellas sería un ataque contra toda España. El sitio exige mayoría absoluta del Congreso.

El problema de Sánchez está en la aritmética. Desde que Junts rompió con el PSOE, el Gobierno no controla el Congreso. PP, Vox y Junts suman mayoría absoluta y podrían negarle una prórroga. Pero el cálculo de Moncloa es otro: solo necesita que el estado excepcional esté vigente el día en que debería publicarse el decreto de convocatoria de elecciones.

Bastarían 15 días de alarma bien elegidos, decretados sin pedir permiso a nadie, para abrir el debate jurídico y bloquear el calendario. A partir de ahí, el Gobierno tendría la iniciativa, la Abogacía del Estado haría los informes y un Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido tardaría en resolver. Además, tocaría a los socios decidir si quieren cargar ante su electorado con el «caos en Ceuta».

Nadie en el Gobierno va a firmar un documento que diga «aplazamos las elecciones». Esto no funciona así. Funciona por acumulación.

Mantener la crisis viva. No se resuelve con Rabat, no se aplican con firmeza las devoluciones que permite la ley y no se refuerza de verdad la frontera. Cada nueva llegada alimenta el relato de emergencia.

Se habla de soberanía, de amenaza exterior y de unidad nacional, un lenguaje que desarma a la oposición. Quien critique una medida excepcional quedará como alguien que no defiende Ceuta. Si la emergencia llega a su punto álgido en junio de 2027, no será casualidad.

Cada mes en Moncloa es un mes más de control del BOE, de Televisión Española, del CIS y de la Fiscalía. Y un mes más en que los procedimientos judiciales que afectan a su entorno avanzan con un presidente todavía en el cargo.

No hace falta suponer que el Gobierno provocó la avalancha. Basta con constatar que la gestión de la crisis coincide punto por punto con lo que convendría a quien quisiera usarla. El ex ministro José Manuel García-Margallo ya advirtió públicamente del riesgo del artículo 116.5. Cuando lo avisa un ex ministro de Exteriores que conoce Rabat mejor que nadie, no es una teoría conspirativa. Es una alerta.

La pregunta del millón es: ¿sería un golpe de Estado? En sentido penal, no. El delito de rebelión del artículo 472 del Código Penal exige un alzamiento violento y público, y aquí no habría tanques ni asaltos al Congreso. Habría un decreto en el BOE, con su exposición de motivos y su informe jurídico. Precisamente por eso sería más peligroso. La doctrina constitucional tiene nombre para lo que describimos: fraude de Constitución. Consiste en usar una potestad legal con un fin distinto del que la justifica.

En Derecho administrativo se llama desviación de poder y el artículo 106 de la Constitución encarga a los tribunales controlarla. Un estado de alarma o de excepción decretado no para proteger Ceuta, sino para evitar que el Gobierno se someta a las urnas, sería exactamente eso: la forma legal intacta y el contenido vaciado.

El artículo 1.2 de la Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Quien use los resortes de la emergencia para impedir que el pueblo vote no necesita romper la Constitución. Le basta con darle la vuelta. Carl Schmitt lo resumió hace un siglo: soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Sánchez lo ha entendido mejor que nadie; eso tiene un nombre en ciencia política: autogolpe institucional o golpe de Estado de facto bajo apariencia de legalidad. Es el modelo de los regímenes que no suprimen las elecciones, sino que las aplazan. No cierran el Parlamento, pero lo vacían. No derogan la Constitución, pero la interpretan hasta que no la reconoce ni quien la redactó.

Tranquilos, no todo está perdido, quedan diques y conviene nombrarlos

El Congreso, que puede negar las prórrogas y cuyo funcionamiento no puede interrumpirse. El Tribunal Constitucional, que ya declaró inconstitucionales los dos estados de alarma de la pandemia (SSTC 148/2021 y 183/2021), aunque tarde y cuando el daño ya estaba hecho. La Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo, que tendrían que pronunciarse sobre la caducidad del mandato. La Unión Europea, cuyo artículo 7 del Tratado prevé sanciones por violación grave del Estado de derecho. El Rey, que sanciona y firma, aunque siempre con el refrendo del Gobierno.

Pero el mayor dique, sin embargo, es otro: que la sociedad española sepa lo que está en juego antes de que ocurra. Las democracias no suelen morir con un golpe. Mueren con un decreto que nadie se leyó a tiempo.

Ceuta merece un Gobierno que la defienda. No uno que la utilice. Y España merece un gobierno que gobierne.