Sánchez exige al Tribunal Constitucional que mantenga la derogada y sectaria Ley de Memoria de Baleares

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 02/06/2026 15:10
  • Actualizado: 02/06/2026 15:10

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que deroga la sectaria Ley 2/2018, de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares.

Fue el pasado 10 de marzo cuando el Parlament derogó con los votos de PP y Vox esta ley sectaria que solo considera víctimas a las del bando republicano.  Aprobada por el anterior Ejecutivo de Francina Armengol en 2018, se trataba de un marco legal que no perseguía los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición, entre otras cuestiones.

La impugnación ante el Constitucional se plantea con invocación de la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución Española, a fin de que se produzca la suspensión de la norma objeto de impugnación en su conjunto, como se ha hecho en otras normas autonómicas de concordia ya recurridas.

“El Gobierno considera necesario, una vez que se ha constatado la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la Comunidad Autónoma, recurrir la norma lo antes posible a fin de evitar la vulneración de los derechos de las víctimas que se deriva de la derogación producida por la Ley que se impugna”.

En el caso de Baleares, se trata de una ley que es continuidad de otras leyes autonómicas sobre este mismo asunto, como las aprobadas en Aragón, Cantabria o Comunidad Valenciana, todas ellas ya impugnadas ante el Tribunal Constitucional y otras actualmente en negociación, como es el caso de Extremadura.

La normativa, aprobada por Armengol, incluía cuestiones como la elaboración de un censo de elementos franquistas para proceder a su retirada o eliminación, el derecho a prohibir la exhibición de elementos o la celebración de actos y homenajes franquistas o la conservación de archivos y el derecho de acceso a los mismos.

PP y Vox defendieron para su derogación que la citada Ley de Memoria vulneraba una serie de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución porque atenta contra la igualdad de todos los españoles, ya que vulnera el artículo 14 al discriminar y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas.

En segundo lugar, era una clara vulneración del derecho a la libertad ideológica y de pensamiento reconocida en el artículo 16 de la Carta Magna, ya que no permitía más que un relato oficial, persiguiendo el derecho a disentir. Como corolario de lo anterior, se menoscaba el derecho de toda persona al libre desarrollo de su personalidad, que es fundamento del orden político y social.

Y, a su vez, vulneraba dos derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución: el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y la libertad de cátedra. Más que nada porque un sistema democrático debe ofrecer las condiciones para expresar y defender distintas y antagónicas líneas de pensamiento.

El Gobierno de Sánchez, por contra, defiende que no es posible considerar que derogan la ley autonómica remitiéndose a la ley estatal, sino que derogan la ley autonómica e impiden con ello el cumplimiento de la Ley estatal, como así lo apreciaron y advirtieron los relatores de la ONU en relación con las leyes de Aragón o Comunidad Valenciana, y el Gobierno así lo ha puesto de manifiesto en impugnaciones precedentes.

Para el Ejecutivo de Sánchez, se entiende que una mayoría parlamentaria puede cambiar legítimamente de criterio su política legislativa, pero la Comunidad Autónoma no lo puede hacer vulnerando la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, el deber de colaboración ni tampoco lo dispuesto en los artículos 10 y 15 de la Constitución en relación con la dignidad de las personas ni la integridad moral de las mismas.