El PP había propuesto que en lugar de exigir el requisito, se «garantice que el personal de la administración autonómica cuente con medios de asesoramiento y formación suficientes en materia lingüística» y que se diseñe «un programa formativo en materia de lengua en el ámbito sanitario».
La eliminación de la exigencia del catalán a todos los empleados públicos figura en el pacto que firmaron PP y Vox y que facilitó la investidura de Marga Prohens (PP) como presidenta. De hecho, poner fin a la dictadura lingüística del catalán que impuso Armengol fue una las principales condiciones que presentó Vox para apoyar un gobierno en solitario del PP.
En el Ayuntamiento de Palma, PP y Vox ya alcanzaron el pasado mes de septiembre el acuerdo para eliminar el catalán como requisito en todos los puestos de trabajo que no sean de atención al público. Ambas formaciones acordaron también iniciar los trámites jurídicos y administrativos para que la supresión del requisito sea una realidad en breve.
En este caso, se trata también de una iniciativa incluida en el acuerdo programático firmado en septiembre por ambas formaciones y que afianza el gobierno en solitario del alcalde popular Jaime Martínez (cuenta con 11 de 29 concejales) con el apoyo externo de los seis ediles de Vox.
Sobre la previsible eliminación del requisito del catalán en la función pública de la Comunidad Autónoma es cierto que el Govern de Marga Prohens no se ha pronunciado de momento de forma categórica aunque la votación de este miércoles en el Parlament da a entender que tarde o temprano tomará esta decisión.
El vicepresidente y portavoz del Govern, Toni Costa, al ser preguntado recientemente por esta cuestión, respondió que «era algo que no se descartaba». Mientras, Vox exige al Govern que cumpla lo pactado y proceda a eliminar ya el requisito del catalán.
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