Opositores de la Policía Local piden una «revisión efectiva» del examen psicotécnico tras quedar 84 aptos para 84 plazas

Un grupo de aspirantes al Proceso Selectivo Unificado de la Policía Local de Baleares 2026 ha presentado alegaciones individuales y un escrito colectivo para exigir transparencia y la revisión del examen psicotécnico. La controversia surge tras la publicación de los resultados provisionales, donde han resultado aptos 84 de los 194 opositores presentados, una cifra que coincide exactamente con las 84 plazas ofertadas.

Hay que mencionar que los afectados subrayan que esta coincidencia, por sí sola, no demuestra ninguna irregularidad, pero consideran que, unida al resto de circunstancias que rodean la prueba, justifica una exigencia de máxima transparencia.

Y es que los opositores denuncian que se ha utilizado un percentil como criterio de corte adicional que no figuraba de forma clara en las bases iniciales, las cuales solo establecían una nota mínima para aprobar. Por ello, exigen saber cuándo se decidió aplicar este filtro y si estaba previsto antes de realizar la prueba.

En la prueba de aptitudes psicotécnicas, según explican los opositores, para determinar el resultado de apto se utilizó un percentil 30 (P30) sobre una muestra externa de referencia.

Posteriormente, en los informes individualizados facilitados a los aspirantes, se comunicó que ese percentil se correspondía con una puntuación directa mínima de 157 puntos, que después se transformaba en una calificación de 5 puntos sobre 10.

Los opositores sostienen que, aunque el P30 figuraba en los criterios específicos publicados antes de la realización de la prueba, otros elementos esenciales para conocer cómo se determinaba realmente el aprobado —como el valor de M=157 y la fórmula matemática empleada para convertir la puntuación— se conocieron posteriormente.

Por otro lado, también cuestionan la diferencia de criterio respecto a otros procesos de la misma categoría en la Policía Local, donde sí se respetó el umbral fijado en las bases sin aplicar percentiles externos.

Los aspirantes también solicitan, por si fuera poco, explicaciones sobre el sistema de anonimato empleado durante la corrección. En los informes se sostiene que la empresa realizó la corrección sin conocer los datos personales de los candidatos. Sin embargo, los opositores recuerdan que durante la realización del examen consignaron sus nombres y apellidos.

Pese a que el proceso se encuentra en fase de alegaciones y revisión, los opositores critican que los 84 aprobados provisionales ya han sido citados para avanzar en la elección de plaza o municipio.

Otra de las cuestiones que denuncian los afectados es la imposibilidad de revisar de manera efectiva el contenido del examen. Los opositores reciben información sobre el número de aciertos, errores y respuestas en blanco, pero aseguran que no pueden consultar el cuadernillo utilizado, lo que les impide comprobar qué preguntas fallaron, cuáles eran las alternativas disponibles o cuál fue considerada la respuesta correcta.

Según explican, se han invocado derechos de propiedad intelectual de la empresa encargada de la prueba para limitar el acceso al material. Esta circunstancia, sostienen, dificulta especialmente la presentación de alegaciones contra preguntas concretas.

La reclamación cobra especial importancia porque varios aspirantes han presentado quejas coincidentes sobre determinados ejercicios de razonamiento espacial, dados tridimensionales, simetrías y transformaciones de figuras, tanto por las posibles soluciones como por la claridad de algunas instrucciones.

Los afectados reclaman acceso total al expediente técnico y advierten que no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa si no se aclara la situación.