La ley antiokupación del PP: defensa de la propiedad, protección de la convivencia

La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los problemas que más preocupación genera entre los ciudadanos de Baleares. No es un debate abstracto ni ideológico: es una realidad que afecta a familias, a comunidades de vecinos y a barrios enteros. Detrás de cada caso hay personas que han trabajado durante años para poder comprar una vivienda y que, de un día para otro, se encuentran con la impotencia de ver cómo su casa es ocupada sin que el sistema responda con la rapidez que debería.

Por este motivo, el PP de Baleares ha registrado en el Parlament una Proposición de Ley contra la ocupación ilegal. Lo hacemos porque creemos que las instituciones tienen la obligación de dar respuesta a los problemas reales de la sociedad. Y lo hacemos también porque la ley que aborda esta cuestión, pese a haber sido aprobada en el Senado, continúa bloqueada en el Congreso de los Diputados.

Ese bloqueo tiene nombre y apellidos. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, mantiene esta iniciativa paralizada en un cajón desde febrero de 2024, impidiendo que continúe su tramitación parlamentaria. La consecuencia es evidente: miles de propietarios y vecinos siguen hoy desprotegidos frente a la ocupación ilegal.

Las cifras ayudan a entender la dimensión del problema. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron en España más de 16.400 denuncias por ocupación ilegal de viviendas. En las Illes Balears fueron 514, lo que supone un incremento del 27% respecto al año anterior. Detrás de estos números hay historias de incertidumbre, de conflictos vecinales y de una sensación creciente de desprotección.

En los últimos años, además, se ha ido instalando desde determinados sectores de la izquierda un discurso que parece cuestionar la propiedad privada, como si tener una vivienda fuera casi un motivo de sospecha. Pero la realidad es muy distinta: para la inmensa mayoría de las familias, una vivienda es el resultado del esfuerzo, del trabajo y del ahorro de toda una vida.

La ley que ha registrado el Partido Popular en el Parlament busca precisamente proteger ese esfuerzo y reforzar la seguridad jurídica. Entre otras medidas, planteamos el desalojo en un máximo de 24 horas o inmediato en caso de delito flagrante, el refuerzo de las penas por usurpación, la persecución de quienes promueven o incitan a las ocupaciones y la agilización de los procedimientos judiciales mediante juicios rápidos.

También introducimos herramientas para que las comunidades de propietarios puedan actuar frente a actividades ilegales vinculadas a ocupaciones; queremos prohibir el empadronamiento en viviendas ocupadas ilegalmente y establecer medidas fiscales para aliviar la situación de los propietarios afectados.

No se trata de un debate partidista. Se trata de defender el respeto a la ley, proteger la propiedad privada y garantizar la convivencia en nuestras comunidades de vecinos. Las instituciones deben estar del lado de quienes cumplen las normas y de quienes han hecho un esfuerzo para construir su proyecto de vida.

Por eso esperamos que esta iniciativa pueda contar con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios. Porque proteger a los propietarios y reforzar la convivencia no debería ser una cuestión ideológica, sino una responsabilidad compartida.

* Sebastià Sagreras es el portavoz del PP de Baleares en el Parlament.