El Govern de Prohens readmite a los celadores que fueron expulsados por Armengol por no saber catalán
La Justicia balear había desautorizado la decisión del Ejecutivo de izquierdas de excluir a los celadores por el tema de la lengua
Era la primera sentencia contra Armengol por la exigencia del catalán al personal sanitario
El Govern de Prohens readmite a los celadores que fueron expulsados por Armengol por no saber catalán. Durante el pleno de este martes en el Parlament, la consellera de Salud, Manuela García, ha adelantado que el Servicio de Salud (IbSalut) del Govern balear readmitirá a los celadores que fueron excluidos de la bolsa única en 2021 por no acreditar un B1 de catalán. La responsable de Salud ha señalado, en respuesta a la pregunta parlamentaria de la diputada de Vox María José Verdú, que los servicios jurídicos del IbSalut ya están estudiando la sentencia de un juzgado de Palma que ha estimado el recurso de los profesionales.
García ha reivindicado que el Ejecutivo restablecerá los derechos de estos trabajadores que les fueron arrebatados por el Govern del Pacte, a quien ha acusado de «anteponer sus intereses ideando un decreto para saltarse su propia normativa.
La consellera ha recordado que estos profesionales se regían por un decreto que les requería un A2 que años después cambió a B1 cuando ya estaban apuntados en la bolsa única.
Cabe recordar que un juzgado de Palma ha dado la razón a los celadores que interpusieron una demanda colectiva contra el Govern en enero de 2021 tras ser excluidos de la actualización de la bolsa única de empleo por no acreditar un título B1 de conocimiento de lengua catalana.
La diputada de Vox ha insistido en que en el momento de inscribirse en la bolsa los celadores cumplían los requisitos y ha acusado al anterior Ejecutivo autonómico de primar el conocimiento lingüístico sobre la experiencia profesional.
Como ya ha informado OKDIARIO, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma ha dado la razón a un grupo de 24 celadores que en 2021 impugnaron la medida de exigencia de un nivel de catalán B1 tras quedar excluidos del bolsín de interinos. Es la primera sentencia contra el el Govern de Armengol por la exigencia del catalán al personal sanitario.
Los celadores se habían presentado al listado que había sido convocado en 2018 por la Conselleria de Salud donde sólo se exigía el título básico de catalán,el A2, un título que se podía acreditar una vez finalizada la selección de personal. Posteriormente, el Govern del pacto de izquierdas presidido por Armengol cambió los criterios y con el proceso ya iniciado aumentó el nivel de catalán exigido a todo el personal sanitario. Imponía ahora el B1 de catalán como requisito imprescindible.
Seguidamente, la Consellerias de Salud que presidía la socialista Patricia Gómez, modificó las bases de la convocatoria para confeccionar el bolsín de interinos y echó de la lista a unas 2.500 personas por no disponer del certificado B1.
Un grupo de 24 celadores excluidos del bolsín de interinos optó por la vía judicial y ahora la Justicia les ha dado la razón al considerar nula aquella decisión sobre el cambio de criterio de la exigencia del catalán. Dice el juez que los criterios que marcaban la convocatoria inicial para confeccionar el bolsín de interinos no se podían modificar por una orden de la Conselleria de Salud.
El cambio de criterio sobre una mayor exigencia del conocimiento del catalán, según el juez, podía aplicarse a los nuevos aspirantes pero nunca a los ya admitidos para formar parte del bolsín. Algunos de los interinos que fueron echados del bolsín llevaban años trabajando para la sanidad pública de las Islas.
En agosto del pasado año el Govern de Prohens eliminó el requisito del catalán para todo personal sanitario. Ahora, la actual Conselleria de Salud se había opuesto al recurso presentado por lo celadores alegando que una vez suprimido el requisito legalmente, estos habían perdido sentido.
No obstante, la Justicia considera que no es suficiente que los celadores vuelvan a figurar en el bolsín de interinos sino que el Govern debe reponerles a la situación previa a su exclusión. La sentencia argumenta que la orden dictada por la Conselleria en el año 2021 no tenía ningún soporte y no podía cambiar los criterios que se habían adoptado para el bolsín.
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