El Govern estudia si los trabajadores de IB3 tendrán que pasar unas oposiciones tras la sentencia del Supremo
Sólo deben adquirir la condición de fijos los interinos que previamente hubieran superado una prueba selectiva
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El Govern de Marga Prohens (PP) está estudiando si la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la interinidad en las administraciones públicas españolas afecta a los más de 300 trabajadores de IB3 internalizados recientemente sin pasar ningún tipo de oposición.
La sentencia de la semana pasada del Supremo establece que sólo deben adquirir la condición de fijos aquellos interinos que previamente hubieran superado una prueba selectiva para acceder a un contrato indefinido.
La Conselleria de Trabajo que dirige Catalina Cabrer analiza desde hace una semana en qué situación quedan los más de 300 trabajadores de IB3 que el Ejecutivo balear internalizó recientemente sin un paso previo ni por examen ni por oposición de ningún tipo.
El tratamiento es de funcionarios, pero en realidad no lo son. La sentencia del Tribunal Supremo de la semana pasada deja bien claro que los interinos necesitarán pasar por unas oposiciones para que su contrato sea fijo. Lo que estudia el departamento de Cabrer es si a los más de 300 trabajadores de IB3 se les ha de considerar interinos y, por tanto, no tendrán plaza fija si no pasan por una prueba selectiva.
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia y ha fijado el criterio por el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas españolas. En concreto, ha establecido que sólo deben adquirir la condición de fijos los interinos que previamente hubieran superado una prueba selectiva para acceder a un empleo indefinido, sin obtener plaza, y que hubieran encadenado después contratos temporales.
En la sentencia se argumenta que la contratación temporal de personal laboral por parte de las administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad «porque se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos».
Durante su mandato, la socialista Francina Armengol dejó un legado envenenado en forma de promesa populista: la internalización de los trabajadores de IB3. Y puso como encargado de llevarla a cabo a su fiel Andreu Manresa. Éste también dejó el asunto empantanado y con una larga lista de irregularidades, según denunció en un informe la Sindicatura de Cuentas.
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