Escándalo en la hípica de Menorca: acusan a un monitor de mantener encuentros sexuales clandestinos con una alumna menor

Un monitor de hípica de Menorca se enfrenta a una petición de doce años de prisión tras ser acusado de mantener encuentros sexuales clandestinos con una alumna menor de edad.

Los hechos se remontan a mediados de octubre de 2020. Por aquel entonces, la joven, nacida en marzo de 2005, acudía de forma habitual a las instalaciones de la hípica con el fin de montar y cuidar a su yegua. El procesado ejercía como instructor en dicho centro y utilizó esa relación cotidiana para estrechar el vínculo con la alumna. El punto de inflexión tuvo lugar en la zona del centro donde se guardaban las sillas de montar, espacio en el que ambos se besaron por primera vez.

A partir de ese instante, la dinámica se transformó en una pauta fija y secreta. Siempre según la versión de la Fiscalía, ambos comenzaron a verse a escondidas tres días a la semana. El escenario de estas citas clandestinas eran las propias dependencias del centro ecuestre, aprovechando los momentos y rincones de menor tránsito.

El relato del Ministerio Público describe que, durante estas citas reiteradas, el instructor realizó tocamientos en los pechos y los glúteos de la joven. El escrito detalla además episodios de mayor gravedad física: en una de esas ocasiones el procesado introdujo los dedos en la vagina de la menor y, en otro momento documentado en la acusación, la alumna llegó a realizarle una felación.

La situación se mantuvo en el tiempo hasta que los hechos fueron denunciados formalmente. A raíz de esta denuncia, la justicia intervino a finales de 2023: el 30 de diciembre de ese año se emitió una resolución judicial cautelar que prohibía al instructor comunicarse con la afectada o aproximarse a ella a una distancia inferior a 50 metros.

El escrito de la acusación pública califica lo sucedido como un presunto delito continuado de agresión sexual cometido contra una persona menor de 16 años. Por este motivo, el fiscal solicita para el acusado una pena de doce años de privación de libertad.

Las medidas solicitadas por la acusación no concluyen con la estancia en prisión. El Ministerio Público reclama una orden de alejamiento que impida al procesado acercarse a menos de 100 metros de la víctima o intentar comunicarse con ella por cualquier vía durante diez años adicionales al tiempo de la pena carcelaria.

Asimismo, se pide imponer diez años de libertad vigilada y una inhabilitación especial para desempeñar cualquier oficio, profesión o actividad que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad, también por un periodo de diez años superior al de la condena de prisión. En concepto de responsabilidad civil, se exige el pago de una indemnización de 10.000 euros destinada a compensar los daños morales sufridos por la joven.