Baleares elimina la Oficina Anticorrupción que nunca investigó las denuncias al Govern de Armengol

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 26/03/2024 15:50
  • Actualizado: 27/03/2024 12:19

El Parlament balear, con los votos de PP y Vox, elimina la Oficina Anticorrupción, denominada oficialmente Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que nunca investigó las denuncias al Govern de la socialista Francina Armengol durante las dos pasadas legislaturas.

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la Ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos de Baleares, que impulsa el PP, y que en la práctica supone liquidar, en el plazo de seis meses, la creada por el anterior Govern.

Una Oficina de Lucha contra la Corrupción que miró para otro lado, en todos los escándalos que salpicaron al anterior Ejecutivo, desde la vacunación de altos cargos, el caso Puertos, Varadero, los abusos a menores tuteladas, la noche de copas de Armengol en el Hat Bar de Palma en plena pandemia, saltándose las restricciones que ella impuso al resto de la población, o la compra de mascarillas fake del caso Koldo.

La aprobación de la norma ya supone, en el momento de su publicación en el BOIB, la supresión del cargo de director, que hasta ahora ejercía Tòfol Milan, vinculado a gobiernos socialistas, que ha asistido a la sesión plenaria de la Cámara.

Al margen de la eliminación de este organismo adscrito al Parlament, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasarán a ser parcialmente confidenciales y que las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato. De momento, será un ente dependiente de la Conselleria de Presidencia quien custodie los expedientes que están en tramitación.

La norma crea el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, encargada de adoptar las medidas pertinentes en relación a los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el buen funcionamiento. Este registro, dice la ley, tendrá carácter reservado y, además, cualquier acceso quedará registrado.

El PSOE, que ha criticado que el Govern se convierta en juez y parte, ya ha anunciado que estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional (TC) y ha acusado al PP de actuar «por venganza» y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, «de no soportar que se investigara la trama de Campos en la que podría estar implicada ella y sus familiares».

El portavoz adjunto de la formación, Marc Pons, ha alertado de que la ley va más allá de la eliminación de la Oficina Anticorrupción y que suprime el régimen sancionador, incrementando la sensación de «impunidad total». Para el socialista, al eliminar las sanciones «da igual» falsear el registro de bienes y actividades.

El diputado del PP Mauricio Rovira, que ha defendido la proposición, ha criticado que el PSOE emplee «casos de corrupción de hace muchos años» para atacar al PP y defender la vigencia de lo que ha llamado «oficina socialista de persecución de la oposición». El popular ha asegurado que las declaraciones de bienes y actividades seguirán siendo «obligatorias y accesibles».

El diputado del PP también ha recordado, recurriendo a la ironía, que la Oficina Anticorrupción «no fue especialmente brillante» en materia de prevención en relación al caso Koldo y la compra de mascarillas.

«Algunos no se asustaron mucho a la hora de cumplir órdenes para saltarse procedimientos, a la hora de realizar compras con empresas recomendadas por altos cargos, a la hora de olvidarse de reclamar por productos de mala e inferior calidad de lo comprado, para agilizar su pago a pesar de todo, para certificar que todo era correcto cuando no lo era, para intentar colárselo a la Unión Europea y olvidarse de devolver el producto y dejarlo caducar, para no reclamar el dinero pagado con tanta agilidad», ha señalado.

Al inicio, el pleno ha rechazado solicitar, a instancias de Més per Menorca, un informe al Consell Consultiu en relación a la custodia, por parte del Govern, a través de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la CAIB, de los expedientes actualmente en manos de la Oficina, unos 200.