El Ayuntamiento de Palma aprueba la transformación de seis locales municipales en viviendas sociales
Son plantas bajas de Es Jonquet, Sant Pere y Porta des Camp, que se destinarán a personas con movilidad reducida
Son inmuebles en desuso porque por sus dimensiones no podían ser destinados a equipamientos sociales
El Ayuntamiento de Palma aprueba la transformación de seis locales municipales de planta baja, ubicados dos de ellos en el barrio de Es Jonquet, otros dos en la Porta des Camp y el par restante en la zona de Sant Pere, en viviendas sociales para personas con movilidad reducida.
El plan piloto de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo, liderada por el concejal del PP, Óscar Fidalgo, trata de dar un impulso a la alta demanda de pisos sociales por parte de personas y colectivos con mayor necesidad.
Estas nuevas viviendas, que serán habilitadas desde el Patronato Municipal de la Vivienda, serán adaptadas, ya que están ubicadas a pie de calle. Esto permitirá que sean habitadas por personas mayores o con movilidad reducida, que son las que más carencia habitacional tienen en estos momentos en un parque de vivienda pública municipal al 100% de ocupación.
El Patronato tiene 41 locales distribuidos en diferentes áreas y lo que el Ayuntamiento de Palma ha realizado es un chequeo de «cuántos son susceptibles de transformarse en vivienda adaptada para ofrecerlas a estas personas con limitaciones de movilidad».
Por las características de los locales, de reducidas dimensiones, las futuras viviendas irán destinadas a unidades familiares pequeñas. La adjudicación de estas viviendas, en todo caso, seguiría los trámites habituales con los que funciona el Patronato.
El edil ha calificado como «buena noticia» lo que ha definido como un plan piloto de reconversión de espacios para aumentar el parque de viviendas municipales.
Esta reconversión, ha añadido, no se haría siguiendo el decreto de emergencia habitacional, sino en virtud del planeamiento vigente. Según ha apuntado Fidalgo, acogiéndose al decreto del Govern desde noviembre, el Consistorio ha dado también el visto bueno a la conversión de 15 locales privados en viviendas a precio tasado.
Todo ello después de que el pasado 2 de octubre el Govern aprobara el Decreto Ley de medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda en los municipios, y que la normativa regulaba las condiciones para permitir el citado cambio de uso, estipulando, igualmente, las prescripciones y las limitaciones.
Posteriormente, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma asumió la norma y, el pasado 30 de noviembre, aprobó en pleno la aplicación de este decreto autonómico en el municipio.
La reconversión está regulada y si el propietario opta por alquilar o vender la vivienda resultante «deberá hacerlo a un precio limitado, no al de mercado».
La medida no está permitida en inmuebles incluidos en el catálogo municipal de protección de edificios y elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico y paisajístico.
Tampoco se puede llevar a cabo en los denominados núcleos urbanos tradicionales donde también se excluye esta posibilidad, caso de Génova, Son Serra, Son Llull, La Vileta, Son Rapinya, Son Espanyolet, Es Secar de la Real, Establiments, Son Sardina, El Molinar, Coll den Rabassa, Es Pil·lari, s’Aranjassa, Sant Jordi, Sa Casa Blanca y Hostalets, así como los ámbitos del PERI de El Terreno, Plan Especial de Protección de Patrimonio de Santa Catalina, núcleo de la Soledat Sud y el núcleo de El Molinar.
El regidor de Vivienda, por otro lado, no ha concretado cuándo podría abrirse la reformulada Oficina en materia de vivienda, que se había anunciado para antes del verano. Fidalgo ha expresado su deseo de que se ponga en marcha «lo antes posible», aunque ha explicado que tras la intención dotarla de más servicios, entre ellas un área de atención en materia de alquiler turístico, se está trabajando en la habilitación de un nuevo espacio en la actual ubicación.
En este escenario, el edil ha admitido que «dar una fecha concreta sería poco diligente» y más teniendo en cuenta las circunstancias particulares del mes de agosto, con muchos trabajadores de vacaciones.
Respecto a los expedientes abiertos a edificios que se dedican supuestamente al alquiler turístico ilegal (la pasada semana se anunció una sanción de 200.000 euros a uno de ellos), el responsable de Urbanismo ha explicado que «siguen curso» y que «en breve» habrá novedades respecto a acuerdos entre instituciones en materia de lucha contra el alquiler vacacional ilegal.
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