En marcha la ley de energía de Aragón tras la anulación de la ley de Lambán por el Constitucional

Este lunes, el Ejecutivo de Jorge Azcón ha dado luz verde al proyecto de la nueva ley de energía de Aragón. La ley de medidas urgentes en materia de energía se votará en el pleno el próximo mes de diciembre, cumpliendo con los plazos dados por el presidente aragonés en el Debate sobre el estado de Aragón, de que la Ley esté aprobada antes de finalizar el año.

Tras el consejo de Gobierno que se ha celebrado a primera hora de este lunes, la vicepresidenta y consejera de Economía, Justicia y Presidencia, Mar Vaquero, ha expuesto las líneas generales de esta nueva ley, que ha defendido que dará «seguridad jurídica al sector».

Esta nueva ley tiene como antecedente la anulada recientemente por el Tribunal Constitucional que aprobó por Decreto Ley el anterior Ejecutivo de Javier Lambán meses antes de las elecciones. El Tribunal Constitucional consideró injustificado el carácter extraordinario de urgencia por el que fue tramitado.

Vaquero ha sostenido que era necesaria esta «rápida reacción» para cubrir el «vacío normativo» provocado por la anulación del decreto 1/2023 de impulso de la transición energética y el consumo de cercanía de Aragón tras no apreciar el Tribunal Constitucional las razones de extraordinaria y urgente necesidad que se alegaron para su aprobación.

La vicepresidenta ha asegurado que el nuevo texto va encaminado a «recuperar» el decreto ley anulado, que se conserva «en cerca de un 80%» según ha estimado, «adaptando los 20 artículos señalados por el TC por invadir competencias del Estado”.

Claves de la ley de energía de Aragón

En los nueve capítulos de la ley se plantean medidas para fomentar el autoconsumo y la regulación de las comunidades energéticas, así como la creación de un Fondo Aragonés de Solidaridad Energética.

El objetivo fundamental de este fondo, según Vaquero, es «canalizar la reinversión en los territorios afectados por instalaciones de generación de una parte sustancial de los ingresos obtenidos por los tributos ambientales autonómicos que gravan tales afecciones».

Un nuevo plan de energético

Otro de los capítulos está destinado a la regulación de los proyectos e inversiones prioritarios con generación renovables asociados, como una modalidad especial de planes y proyectos de interés general de Aragón, una «simplificación administrativa», ha expresado la vicepresidenta, que seguirá la línea marcada por el anterior Ejecutivo para aquellos proyectos que así sean identificados.

El proyecto incorpora asimismo las recomendaciones que fueron adoptadas por unanimidad en la Comisión de Investigación sobre Energías Renovables de las Cortes del pasado junio. Por este motivo, la «planificación» ha asegurado que será «uno de los ejes principales de la política energética del territorio».

«La ley también va a impulsar el proceso de participación en la elaboración del plan energético», ha asegurado Vaquero, que confía que sustituya al caducado para el periodo 2013-2020.

Este nuevo plan energético comprenderá, entre otras cuestiones, una ordenación territorial de las energías renovables en Aragón que pondere los impactos ambientales, paisajísticos, agrícolas, culturales, urbanos y territoriales que puedan verse implicados, bien restringiendo su implantación en determinadas zonas, como pueda ser el caso de los embalses, bien reservándolas para su aceleración.

En este sentido, el proyecto de ley contempla también la creación del Foro Permanente de la Energía, como un órgano administrativo integrado por los agentes públicos y privados que participan en el ámbito energético, con funciones de carácter consultivo de la Administración autonómica, coincidiendo con uno de los compromisos de investidura del Presidente del Gobierno de Aragón.

Continuación con la normativa

En la parte final del texto legal cabe resaltar la incorporación de una disposición transitoria que ampara a todos aquellos procedimientos en tramitación que se iniciaron bajo la vigencia del Decreto ley 1/2023, con el propósito de permitir su continuación o reanudación en aras de dar continuidad a la aplicación de la normativa anulada.