Aragón reconoce preocupación ante la llegada de los menas: «No conocemos el perfil o si tienen problemas»

• Paula Ciordia @paulaciordia
• Especializada en política, Vox, ideología woke e inmigración. Reflexiono sobre tauromaquia en mi columna semanal 'Entre Pitones'. En 2025, fui corresponsal en la Ciudad del Vaticano durante el Cónclave que eligió a León XIV. Antes estuve como delegada en Aragón (2023-2025). Graduada en Periodismo y Filología Hispánica (Universidad de Zaragoza) y máster en Filosofía y Culturas Modernas (Universidad de Sevilla) | paula.ciordia@okdiario.com
• • 03/09/2025 13:59
  • Actualizado: 03/09/2025 14:02

El popular Jorge Azcón recurrirá el último decreto de Sánchez sobre el traslado de menas a Aragón. Este martes, el Gobierno de Aragón ha acordado interponer un nuevo recurso contra el Real Decreto 743/2025 de este mes de agosto, que impone a las comunidades autónomas los menores inmigrantes no acompañados (menas) que deben acoger.

La vicepresidenta ha reconocido preocupación ante la llegada a Aragón de varios centenares de menas impuesta por este decreto. «No conocemos el perfil o si tienen problemas», ha señalado insistiendo que «no sólo es un problema de plazas, sino de la falta de profesionales que les atiendan». Desde el Ejecutivo reconocen que faltan profesionales que quieran trabajar en estos centros. Además la llegada de los menores exige recursos en otros departamentos como Sanidad y Educación. «Todo es a ciegas», señalan.

El anuncio lo ha hecho este miércoles, tras celebrarse el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político. La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha denunciado que este decreto es «una imposición forzosa». «Se está trabajando con muchísima presión», ha reconocido. Según explican desde el Ejecutivo esta situación «no había ocurrido nunca» y, sobre todo, «con esta falta de información».

Desde el Ejecutivo de Azcón rechazan la idea de los macro centros de menas al considerar que eso es «hacinar a los menores» y culpan al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, del caos migratorio. «Es una situación que la está provocando él. Es el precio que tiene que pagar para seguir en Moncloa». Así aludía Mar Vaquero a la desigualdad que genera este Real Decreto entre las comunidades, al recibir un trato más ventajoso Cataluña y País Vasco.

A Aragón 251 menas por decreto

Según este decreto, Moncloa impondrá el reparto de menas a las comunidad autónomas con la siguiente fórmula: un ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. De forma que aquellas comunidades que multipliquen por tres su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria. En ese momento se activará el protocolo de traslados.

Según esta fórmula, a Aragón le corresponde acoger a 251 menas, dado que el real decreto aprobado estima que Aragón tiene una capacidad ordinaria de acogida de 441 menores.

A comienzos de semana, en su primera aparición ante los medios de comunicación tras las vacaciones de verano, el presidente aragonés Jorge Azcón alertó que «no tiene medios» para hacerse cargo de los 251 menas que Sánchez planea trasladar.

El líder del PP aragonés insistió que cumplirá con la ley, pero que llevará adelante todos los recursos jurídicos a su alcance para detener la política migratoria de Sánchez a costa de las comunidades autónomas que considera «xenófobas».

La postura que sostiene el Gobierno de Aragón desde un primer momento es que el Decreto Ley, así como la normativa que de él se derive, para imponer a las comunidades el reparto de los menores migrantes que permanecen en Canarias y Ceuta por la emergencia migratoria es «inconstitucional y conculca todos los consensos que hasta ahora regían en lo relacionado con la atención a estos jóvenes vulnerables, que se acordaban en las Conferencias Sectoriales».

El Gobierno de Aragón ha interpuesto una serie de recursos contencioso-administrativos contra los criterios establecidos para el reparto forzoso de menores migrantes no acompañados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Nacional, además de un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite esta primavera.

A estos se une el contencioso administrativo presentado ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, un recurso cuya admisión a trámite ha sido comunicada en las últimas horas.