Una mafia con base en Marruecos se enfrenta a 53 años de prisión por tráfico y extorsión de inmigrantes

Ocho integrantes de una organización mafiosa dedicada al tráfico y extorsión de inmigrantes marroquíes se enfrenta a penas de hasta 53 años de prisión por delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y detención ilegal.

La mafia operaba desde Marruecos y tenía nexos en España que utilizaba para retener a los ilegales en contra de su voluntad. Además de cobrar una importante suma de dinero por un ‘billete’ en patera a nuestro país, los detenidos despojaban a los inmigrantes de todas sus pertenencias a su llegada a suelo español y les amenazaban con ser entregados a las autoridades españolas si no pagaban una nueva cantidad de dinero.

Los presuntos integrantes de esta mafia enviaron, supuestamente, un gran número de ilegales de origen magrebí en diferentes viajes destino España. Las embarcaciones alcanzaban las costas de Cádiz para ser enviados posteriormente a Huelva y Almería, donde eran retenidos hasta que sus familiares entregasen determinadas sumas económicas para poder ser liberados.

Los inmigrantes, por tanto, debían de pagar dos veces a estos mafiosos, una para poder llegar a España y otra para, una vez en territorio nacional, poder quedar en libertad. La Fiscalía Provincial de Cádiz pide penas de hasta 53 años.

El juicio se inicia la próxima semana

Los ocho detenidos en la organización, de los que cinco se encuentran en prisión provisional, se enfrentan a juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz el martes 15, en una vista que, en principio, está prevista en tres sesiones.

Según el escrito de calificación fiscal, recogido por Europa Press, la organización realizó diferentes viajes entre octubre de 2016 y marzo de 2017, llegando las embarcaciones a las costas de Barbate y una de ellas a la playa de La Muralla, en El Puerto de Santa María, donde fueron interceptadas 20 personas en esa ocasión.

A juicio de la Fiscalía, los cinco acusados que se encuentran en prisión estaban integrados en una organización criminal formada por ciudadanos residentes en España y Marruecos dedicada a introducir en España, a cambio de dinero, a nacionales marroquíes, utilizando para ello embarcaciones de tipo neumáticas, semirrígidas y pateras, mientras que los otros tres acusados colaboraban puntualmente con la organización.

La rama ubicada en Marruecos se dedicaba a la captación de individuos de nacionalidad marroquí con el ofrecimiento de trasladarlos a España en pateras a cambio de una contraprestación económica. Además, se encargaba de organizar y agrupar a los inmigrantes ilegales para enviarlos en las mencionadas pateras.

Por su parte, la rama española se encargaba de recibir a los inmigrantes, y una vez las embarcaciones llegaban a España, los acusados les despojaban de todos los efectos que portasen, tales como documentación, dinero y teléfonos móviles, provocándoles una «situación de total indefensión». Así, eran trasladados principalmente a las provincias de Almería o Huelva, siendo allí retenidos en contra de su voluntad hasta que los familiares entregasen determinadas cantidades de dinero a cambio de no entregarlos a las autoridades españolas.

Por ello, la Fiscalía pide 53 años para el jefe de la organización por seis delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros -seis años por delito-, además de siete años por delito de detención ilegal, otros seis años por otro delito de detención ilegal y cuatro años por delito contra la salud pública, ya que fue detenido con hachís.

Para los cuatro restantes considerados inmersos en la cúpula de la organización la Fiscalía pide 49 años de prisión por por seis delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros -seis años por delito-, además de siete años por delito de detención ilegal y otros seis años por otro delito de detención ilegal.

Finalmente, para los tres restantes, la Fiscalía pide tres años de prisión para cada uno por tres delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.