Inmigrantes ilegales de Sevilla sobre la falta de PCR a pateras: «La Policía no tiene que quejarse»

Tras el último traslado de más de un centenar de inmigrantes ilegales desde Canarias a Granada que el Gobierno de Sánchez ha llevado a cabo a espaldas de la Junta de Andalucía -y que se suma a otros traslados recientes a Sevilla y Málaga- OKDIARIO ha querido conocer la opinión al respecto de inmigrantes residentes en la comunidad andaluza.

En el centro de Sevilla, como en muchos otros barrios de la capital, prolifera la actividad de los gorrillas, que vigilan tu coche a cambio de una propina. Algo a lo que el alcalde socialista de la ciudad, Juan Espadas, no ha sabido poner fin. Gran parte de los que se dedican a esta actividad son inmigrantes, y muchos de ellos inmigrantes ilegales.

Hablamos con algunos de ellos, de nacionalidad marroquí, que reconocen la avalancha migratoria: «Son muchos, la verdad. Lo he visto en la tele. La gente de Canarias tiene razón. Ellos también se quejan y es normal». Incluso empujan a Sánchez a tomar decisiones al respecto: «Son muchas personas y hay que cortarlo. Tienen que llegar a un acuerdo con Marruecos para cortar eso, porque si no van a seguir viniendo hasta el año no sé qué».

Preguntados por las demandas del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que denuncian un riesgo potencial de contagio del Covid-19 por la falta de certificados que acrediten que estos desplazamientos cuentan con las debidas garantías sanitarias, los inmigrantes consultados afirman que «la Policía no tiene que quejarse porque es lo normal en este tiempo» de pandemia.

«La culpa de todo no es nuestra»

«¿Una solución buena? Es complicado», continúa uno de los gorrillas, que admite que las decisiones que el Ejecutivo de Sánchez está adoptando «son buenas» pero a su vez «no lo son, porque tantos inmigrantes y tanta gente no se pueden quedar en un mismo sitio».

«La culpa de todo no es de los marroquíes. Los negros, por ejemplo, llegan a Marruecos, no sé de dónde, y después vienen para acá. Si una persona no tiene trabajo en su país, se tiene que buscar la vida», reconoce uno de ellos, que dice llevar en España más de una década.

Mientras el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que no se está informando de estos traslados «para no alentar la xenofobia», la Junta de Andalucía denuncia que el Gobierno de España no está actuando con «lealtad»: «Andalucía tiene limitada su movilidad tanto para entrar como para salir. El Gobierno de España no nos está avisando y está incumpliendo las normas».