Indemnizan con 25.000 € a un almeriense que pasó 224 días en prisión por una denuncia falsa de su mujer
Fue acusado de violencia de género por su pareja y pasó injustamente más de 7 meses en prisión provisional
La Audiencia Nacional ha resuelto indemnizar a un agricultor almeriense que pasó siete meses y medio en prisión preventiva acusado de varios delitos de violencia de género por los que finalmente fue absuelto. Tras la denuncia falsa de su mujer, el tribunal fija una compensación total de 25.200 euros por el daño moral y las pérdidas económicas derivadas de su encarcelamiento, acordado en junio de 2021 por el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Berja.
El hombre estuvo 224 días en prisión provisional hasta que el Juzgado de lo Penal n.º 3 de Almería celebró el juicio y dictó una sentencia absolutoria que ordenó su inmediata puesta en libertad. Ahora, la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estima parcialmente el recurso interpuesto por su defensa por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.
El tribunal reconoce el daño moral causado y las consecuencias personales y familiares padecidas por el hombre, que pasó de acusado a víctima. La Audiencia Nacional fija 15.000 euros de indemnización por los más de siete meses que pasó en privación de libertad (de ellos, 4.800 euros son por el daño moral causado).
La defensa ha calificado su paso por prisión como una situación «injusta y evitable», al haber pedido sin éxito su libertad provisional en varias ocasiones antes del juicio. Aquella negativa le provocaron una «angustia» y una «desazón» irreparables. El abogado reclamaba una compensación más elevada, de 33.600 euros, que la Sala no ha aceptado.
Además, la resolución fija 10.200 euros más intereses en concepto de lucro cesante, al entender que el agricultor autónomo dejó de percibir ingresos al no poder trabajar durante su estancia en la cárcel. El cálculo se ha estimado a partir de su declaración de la renta de 2021, en función de las circunstancias y el tiempo de duración de la medida cautelar, y muy por debajo de los 55.600 euros que el afectado reclamaba en su cálculo de pérdidas al no haber podido afrontar la campaña de melón y sandía.
La Sala rechaza el resto de peticiones del perjudicado, que reclamaba casi 97.000 euros en total. El tribunal, presidido por la magistrada Ana María Sangüesa, descarta conceptos como los gastos jurídicos –no indemnizables en este procedimiento– y otros como los desplazamientos familiares para visitarlo en prisión, basados en cálculos estimativos no contrastables.
Según el abogado, el agricultor fue enviado a prisión tras ser acusado de violencia de género por su mujer cuando, en realidad, quien lo había agredido era la nueva pareja de ella. En declaraciones a Canal Sur, sostiene que la denuncia se utilizó para ocultar ese episodio y que, en la provincia, la prisión preventiva se aplica de forma excesiva tanto en casos de violencia de género como en procedimientos por tráfico de drogas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, más del 15% de la población reclusa en España está en situación de prisión preventiva, una medida cautelar excepcional que implica encarcelar a una persona que todavía no ha sido juzgada ni condenada.
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