Incesante corrupción socialista en Andalucía: piden 10 años de inhabilitación para el exalcalde de Íllora

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 01/11/2021 13:19
  • Actualizado: 01/11/2021 15:38

El socialismo en Andalucía no se entiende sin la corrupción. Y es que no hay semana en la que no haya noticias relacionadas con el PSOE y la malversación y/o la prevaricación en la comunidad. Este lunes, sin ir más lejos, se ha conocido que la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de Íllora (Granada), el socialista Francisco Domene, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.

Este caso se resume en la supuesta contratación irregular de dos personas que prestaron su labor de manera externa para el Ayuntamiento de la localidad entre 2012 y 2014, supuestamente «troceando» el trabajo de carácter continuado que desempeñaban en numerosas facturas.

El juicio está fijado para el próximo 9 y 10 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada y, además del exregidor, se sentarán en el banquillo de los acusados por el mismo delito los dos trabajadores cuya contratación fue supuestamente irregular y el interventor accidental del Ayuntamiento. Este último se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los dos trabajadores acusados fueron, entre 2005 y 2008, técnicos de Empleo de la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico con sede en Loja, perteneciente al Consorcio del Poniente granadino, del que forma parte el Ayuntamiento de Íllora.

Cuando se produjo la rescisión de sus contratos por parte de la Consejería de Empleo, el alcalde, «con absoluto desprecio de las formalidades» recogidas en la normativa sobre contratación, les propuso que siguieran vinculados al Ayuntamiento para realizar diversas labores especialmente relacionadas con el fomento del empleo local; desde la tramitación de subvenciones a la organización de cursos de formación profesional o la elaboración de proyectos justificativos del destino de los fondos obtenidos.

Para ello, según el relato del fiscal, contrató sus servicios a través de la figura de trabajadores autónomos externos, firmando el pago de las facturas que emitían al consistorio «con el beneplácito y la firma necesaria» del otro acusado, el interventor accidental de los fondos del Ayuntamiento.

Todo ello, «sin llevar a cabo ningún procedimiento de contratación laboral o de adjudicación de servicios» y sin que el interventor formulara reparos o informes desfavorable advirtiendo «de la omisión de todos los trámites esenciales» para «no vulnerar los principios de libre concurrencia, igualdad, publicidad y transparencia, ya que las facturas extendidas por los trabajadores excedían los 18.000 euros» al año previstos en la ley.

Mantiene la Fiscalía que los dos trabajadores por su parte aceptaron la oferta «con conocimiento de la flagrante vulneración de la legalidad vigente» que suponía «en perjuicio de la libre participación de otros candidatos que pudieran concurrir ofreciendo mejores proyectos».

De hecho, les acusa de «simular la verdadera relación laboral dependiente y permanente en el tiempo que les unía con el Ayuntamiento», «troceando el trabajo de carácter continuado que desempeñaban en numerosas facturas por cada proyecto, subvención o taller realizado que giraron al consistorio de 2012 a 2014».

Así las cosas, cada uno de los dos trabajadores presentó numerosas facturas por valor de más de 21.000 en 2013 y lo volvieron a hacer en 2014. La situación supuestamente se perpetuó hasta que en 2015 salió publicado en el BOP las bases de la convocatoria de dos puestos de técnicos de Desarrollo Local y Turismo en la modalidad de funcionarios interinos por programas, unas plazas que, tras el procedimiento de libre concurrencia, se otorgaron finalmente a los dos acusados. Ambos se enfrentan ahora a una petición fiscal de cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.