La Fiscalía exige proteger a las acosadoras de Sandra tras la difusión de sus fotografías
El Ministerio Público pide eliminar las imágenes de las tres adolescentes y abre diligencias penales por amenazas
El colegio no activó el protocolo de acoso pese a las advertencias de la familia de la menor fallecida
La Fiscalía de Sevilla ha exigido este martes la protección de las tres menores señaladas en redes sociales como presuntas acosadoras de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que se quitó la vida tras sufrir acoso escolar en el colegio concertado Irlandesas Loreto. El Ministerio Público ha solicitado a una red social la retirada inmediata de las imágenes difundidas, en las que las jóvenes aparecían identificadas junto a mensajes de amenazas.
A través de la especialidad de Criminalidad Informática, la Fiscalía ha abierto diligencias penales por la difusión de las fotografías, recordando que «el acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas». El órgano judicial considera que, al tratarse de menores, su imagen y su identidad deben quedar protegidas incluso en un contexto de investigación penal.
El caso de Sandra Peña ha provocado una enorme conmoción social y una ola de indignación en Sevilla, especialmente tras conocerse que el colegio no activó los protocolos obligatorios de acoso escolar ni los de prevención de conductas autolíticas, pese a las advertencias reiteradas de la familia de la víctima. La Fiscalía ya investiga ambos extremos y ha pedido al centro toda la documentación y comunicaciones internas relacionadas con el caso.
El lunes, el Ministerio Público abrió dos procedimientos: uno de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de varias menores en los hechos; y otro de supervisión, destinado a evaluar la actuación del colegio y su posible responsabilidad. Ambos procesos se desarrollan de forma paralela a la investigación policial en curso.
En este contexto, la Fiscalía ha pedido también responsabilidad y prudencia a la ciudadanía, ante el riesgo de que las redes sociales se conviertan en un espacio de linchamiento contra menores. «La protección de los niños y adolescentes debe mantenerse siempre, incluso en los casos más delicados», han subrayado fuentes judiciales.
Por su parte, la dirección del colegio Irlandesas Loreto ha emitido un comunicado en el que solicita «cautela y responsabilidad» hasta que concluyan las investigaciones policiales, judiciales y administrativas. El centro asegura estar colaborando con las autoridades y ha manifestado su «dolor y consternación» por el fallecimiento de su alumna.
El trágico suceso ha reabierto el debate sobre el acoso escolar, la responsabilidad de los colegios concertados y el papel de las redes sociales en los casos de hostigamiento entre menores. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía Nacional continúan las pesquisas para esclarecer las circunstancias del suicidio de Sandra Peña y depurar posibles responsabilidades tanto penales como institucionales.
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