La directora de Servicios Sociales nombrada por Kichi en Cádiz a juicio por prevaricación y falsedad documental

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado una diligencia de señalamiento de juicio oral, para el 11 de noviembre a las 10,00 horas, contra la directora de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, colocada por el alcalde José María González Kichi, como presunta responsable de un delito de prevaricación administrativa.

El PP de Cádiz ha recordado que «promovió una denuncia falsa contra el PP», y ahora «se sentará en el banquillo por prevaricación y falsedad en documento público». «La Fiscalía cree probado que cambió expedientes de entrega de pisos sociales» y «Kichi la premió nombrándola directora de Servicios Sociales», explica la formación popular gaditana.

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz dictó un auto de apertura de juicio oral contra la directora de Servicios Sociales, para quien la fiscalía pide una pena de nueve años de inhabilitación como responsable de los presuntos delitos de prevaricación administrativa. Por su parte, la acusación particular –ejercida por las ediles del PP en el mandato 2011/2015, Mercedes Colombo y Carmen Sánchez– solicita también cuatro de prisión por un delito de falsedad en documento público.

La acusación se produjo tras el sobreseimiento del conocido como ‘caso Matadero’, en el que las dos ediles del anterior gobierno del PP –del área de Familia y Asuntos Sociales– fueron acusadas de una supuesta irregularidad en la adjudicación de viviendas protegidas. Tras archivarse el caso sin la imputación de ambas ediles, el PP anunció que llevaría a Fiscalía, entre otras personas, a la concejal del Consistorio gaditano Eva Tubío y a sus dos hermanas –trabajadoras de la Delegación de Asuntos Sociales– para que se dedujera testimonio «por las declaraciones realizadas por las tres en sede judicial».

El PP explicó tras el sobreseimiento del caso que en septiembre de 2013, el entonces portavoz del PSOE, Fran González, se presentó en Fiscalía para decir que una de las hermanas Tubío «presentó su dimisión ante las presiones políticas» de las dos concejales del PP para cambiar los criterios para la adjudicación de viviendas en la promoción de Matadero, «afirmando que había tenido conocimiento de tales hechos a través de las manifestaciones de un representante sindical de Autonomía Obrera y miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento».

En este sentido, el PP llamó la atención de que un jueves, 19 de septiembre de 2013, Pilar Tubío mantuvo una reunión con la Junta de Personal «y al lunes siguiente, con un fin de semana de por medio, el portavoz del PSOE redactó una denuncia, bastante densa, y la presentó a Fiscalía, que al día siguiente abrió diligencias».

Por todo ello, cuando se archivó el caso, el PP dijo que actuaría en los tribunales, porque «no» iba a «permitir que aquellos que intentaron quemar en la plaza pública a las dos concejales, que no llegaron a ser imputadas ni llamadas a declarar, paguen por ello».

Así, presentó cargos en la Fiscalía contra la que entonces era directora de Servicios Sociales, que vuelve a serlo actualmente, como responsable de un delito de prevaricación administrativa. Además, el PP, como acusación particular también pide responsabilidades por un presunto delito de falsedad en documento público.

Ahora, tras el auto de apertura de juicio oral por parte del Juzgado de Instrucción número, la Audiencia Provincia ha señalado la celebración del juicio para el 11 de noviembre.