La corrupción crónica del PSOE andaluz: seis meses de 2020, seis cargos socialistas a juicio en Andalucía

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 06/07/2020 06:01
  • Actualizado: 06/07/2020 06:01

Apenas hemos atravesado seis meses completos de 2020, y ya hemos visto cómo seis altos cargos del PSOE andaluz se han visto envueltos en casos de corrupción, o bien anunciando que se sentarán en el banquillo de los acusados o bien siendo condenados.

Esperanza Caro de la Barrera, alcaldesa de Palma del Río (Córdoba); Gabriel González, alcalde de Encinas Reales (Córdoba); José Juan López y Mariana Pérez González, dos exalcaldes de Burguillos (Sevilla); Sotero Martín, alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) e Ignacio Carballo, secretario general del PSOE en Huelva, han sido noticia este año por estar implicados, como acusados o como condenados, en tramas judiciales. Seis implicados socialistas, uno por cada mes de 2020.

Y es que la corrupción parece ser una enfermedad crónica en el socialismo andaluz. Esperanza Caro de la Barrera (PSOE), alcaldesa de Palma del Río (Córdoba), ha sido la última socialista que se ha sabido que se sentará en el banquillo de los acusados, junto a Gabriel González, alcalde socialista de Encinas Reales (Córdoba).

De la Barrera ha sido citada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Posadas por un presunto delito de prevaricación administrativa tras la paralización de una licencia para construir una gasolinera. Por su parte, el alcalde socialista de Encinas Reales (Córdoba), Gabriel González, se sentará en el banquillo esta misma semana acusado de malversación de caudales públicos, defraudación y falsedad documental.

En febrero de 2020, un Juzgado de lo Penal de Sevilla condenaba a quince meses de cárcel a José Juan López y Mariana Pérez González, dos exalcaldes socialistas de Burguillos, por falsear su patrimonio para no hacer frente como responsables solidarios de la deuda contraída por la empresa municipal de agua frente a la Tesorería General de la Seguridad Social por impagos de cuotas de sus trabajadores, que llegó a ascender desde septiembre de 2007 a abril de 2009 a 790.747 euros.

El mismo mes, el salón de plenos del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla) celebraba un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día. Cs y PP pedían la dimisión del alcalde cazallero, Sotero Martín (PSOE), por su implicación en los ERE.

Por último, conocido también recientemente, el secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, que ya figura como investigado por la presunta compra de dos concejales para frenar una moción de censura contra su partido (2016), ha vuelto a verse inmerso en otro supuesto intento de soborno.