Andalucía
Nueva condena a socialistas

Condenan al Ayuntamiento de Guillena (PSOE) a pagar 1,8 millones por quebrar una empresa municipal

El pago de 1,77 millones de euros se tendrá que hacer al Instituto de Crédito Oficial

El Ayuntamiento de Guillena (Sevilla), gobernado por el socialista Lorenzo Medina, afronta una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número ocho que le condena a pagar al Instituto de Crédito Oficial (ICO) 1,77 millones de euros por la deriva de la extinta sociedad municipal Desarrollo Industrial y Promoción Rural Agraria (Diprasa), declarada en 2012 en concurso voluntario de acreedores a cuenta de su quiebra.

IU, que ha sacado el asunto a la luz, precisa que tal extremo figura en un decreto de Alcaldía que resuelve recurrir dicha sentencia, exponiendo que el origen de la deuda radica en los préstamos solicitados por la extinta empresa municipal Diprasa, que antes de solicitar en 2012 el concurso voluntario de acreedores cerró 2011 con pérdidas de más de 2,6 millones de euros, para construir 53 viviendas de protección oficial.

«Para la concesión de los diferentes créditos, el ICO solicitó una garantía al Ayuntamiento, y según comentó el portavoz del PSOE, Antonio Garrido, en el pleno de 26 de enero de 2022, dicha garantía la hizo por medio de una carta el anterior alcalde socialista Justo Padilla», quien ingresaba en prisión en octubre de 2013 tras ser condenado por permitir que un alguacil ejerciera como agente de la Policía Local, pesando sobre él dos condenas previas.

«Como dicha carta no pasó por el pleno en su día, esto constituía, a juicio del PSOE actual, una acto administrativo nulo. Dicha declaración era la base para la defensa en el litigio interpuesto por el ICO por la cantidad 1,7 millones, una vez que ya había ganado otro juicio para cobrar 300.000 euros como parte de los intereses impagados», señala IU.

«Según la interventora en su informe sobre dicho pleito, la posibilidad de perderlo ponía en serio riesgo el capítulo I (de personal) del presupuesto municipal», dice IU, manifestando que «esta sentencia, junto con la reciente anulación del Plan de Delimitación de Suelo aprobado en 2020, es una muestra más de la incapacidad para gestionar de Lorenzo Medina y su equipo, y del perjuicio que dicha gestión ocasiona al municipio».