Carboneras (Almería) abre la puerta al derribo del mastodóntico hotel El Algarrobico
El Pleno municipal de la localidad ha aprobado, en un segundo intento, revisar de oficio la licencia de las obras del hotel
Esta decisión responde al requerimiento realizado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha dado un paso decisivo para el futuro del hotel El Algarrobico. El Pleno municipal ha aprobado, en un segundo intento, la revisión de oficio de la licencia de obras concedida en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol, una decisión que supone la anulación del permiso urbanístico y despeja el camino hacia el derribo de uno de los edificios más controvertidos de la costa española.
La votación se ha celebrado después de que el primer intento fracasara por falta de quórum, lo que obligó a convocar una nueva sesión extraordinaria. En esta ocasión, el acuerdo ha salido adelante en un pleno marcado también por la ausencia de varios concejales, aunque con los votos suficientes para sacar adelante la propuesta. La decisión responde al requerimiento realizado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había dado al Ayuntamiento un plazo de 20 días hábiles para anular la licencia, advirtiendo de que, en caso contrario, sería el propio tribunal el que ejecutaría dicha medida.
Con esta resolución, el Ayuntamiento cumple con una de las exigencias judiciales que durante años han condicionado el futuro del inmueble, levantado en pleno paraje de El Algarrobico, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El hotel, de 21 plantas y más de 400 habitaciones, se convirtió hace dos décadas en uno de los mayores símbolos de la batalla contra la construcción ilegal en espacios protegidos y ha protagonizado un largo recorrido judicial entre administraciones, tribunales, colectivos ecologistas y la empresa promotora.
No obstante, el proceso todavía no ha concluido. La promotora Azata del Sol conserva la posibilidad de recurrir la anulación de la licencia, lo que podría prolongar durante varios años más el litigio judicial antes de que pueda ejecutarse definitivamente la demolición del edificio. Aun así, la decisión adoptada por el Pleno representa uno de los avances más importantes de los últimos años para desbloquear un conflicto urbanístico que se ha prolongado durante más de dos décadas.
La anulación de la licencia llega después de que distintas administraciones –entre ellas la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica– insistieran en la necesidad de cumplir las resoluciones judiciales y avanzar hacia la recuperación ambiental de este enclave del litoral almeriense.
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