Cae una red que regularizaba inmigrantes en Almería, Huelva, Granada y Málaga

• Ezequiel Marín @ezequiel_maring
• Corresponsal de OKDIARIO Andalucía | ezequiel.marin@okdiario.com
• • 10/06/2026 10:54
  • Actualizado: 10/06/2026 10:54

La Guardia Civil ha logrado desarticular una red criminal que se dedicaba a regularizar de forma fraudulenta a inmigrantes ilegales. Su modus operandi estaba basado en la realización de contratos de trabajo falsos a cambio de un pago que oscilaba entre los 4.500 y 10.500 euros. La organización centraba su actividad en la provincia de Almería, aunque también se repartían por diversos puntos de Huelva, Granada y Málaga.

Esta operación, desarrollada por la Guardia Civil dentro del marco de la operación ‘Lutasanol’, se ha saldado con la detención del principal captador de la organización y la investigación de otros tres presuntos implicados. Entre estos se encuentran dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral que colaboraba con la trama.

Estas acciones se han llevado a cabo junto a un registro en el establecimiento que servía como centro de operaciones de la trama. En el mismo se intervino abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo que, presuntamente, procedía de los cobros realizados a los inmigrantes.

Según ha comunicado la Guardia Civil, la organización contaba con captadores de inmigrantes ilegales que buscaban obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España. Estas personas les ofrecían contratos laborales ficticios, simulando relaciones laborales inexistentes, pero presentando documentación aparentemente legal ante la Administración. Por todas estas gestiones, pedían a cambio cantidades desorbitadas: entre 4.500 y 10.500 euros.

A través de la investigación se ha podido constatar que la organización realizaba altas en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que pudiera justificar dichas contrataciones. «Se trataba de una activa red criminal interprovincial que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización», han asegurado fuentes de la Guardia Civil.

La estructura contaba con funciones perfectamente repartidas entre captadores responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar una apariencia de legalidad a toda la operativa. Todas estas acciones han supuesto un fraude superior a los 100.000 euros, puesto que incluso han podido facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos a estos inmigrantes ilegales.